Cada vez queda más claro que el blindaje fujimorista al cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no es solo una tema de "supervivencia" como admitieron en La Botica, sino una consiga que se debe cumplir a cualquier precio. El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, volvió a decir que su bancada quiere un diálogo con el Ejecutivo, pero lo que no están dispuestos a aceptar que se les imponga como condición para ello tramitar las tres denuncias constitucionales pendientes en el Congreso contra el cuestionado titular del Ministerio Público.
"Nunca es tarde (para el diálogo). Este gobierno tiene dos años y medio más", dijo en RPP el portavoz naranja, pero luego cuestionó que el premier César Villanueva haya señalado que el fujimorismo debe dar muestras claras de interés en iniciar un diálogo con medidas concretos, como definir la situación de Chávarry, a quien se han empeñado en proteger y evitar que se le destituya ante su negativa a dimitir para que se le investigue por sus nexos negados con una trama de corrupción judicial.
"No nos parece, y nos ha sorprendido, que se nos pongan condiciones. Que básicamente se nos diga 'queremos la cabeza de Chávarry' antes de sentarnos a conversar temas fundamentales para todos los peruanos".
"Últimamente en el Congreso estamos derivando en acusaciones que se hacían en la prehistoria del derecho: el tribunal de la inquisición. 'Hay que acusar a las personas en base a sospechas. Y en base a una sospecha a cualquier dignatario que tenga un cargo público y que no me gusta, entonces inmediatamente le corto la cabeza'. ¿Eso es correcto en un país que afianza su democracia? Son cosas que se tienen que ver", alegó Tubino, pero parece olvidar de forma conveniente que fue precisamente su bancada la que usó este mecanismo para saldar cuentas con los que consideran sus enemigos, incluidos Kenji Fujimori.
El portavoz de la bancada mayoritaria del Congreso aclaró que las denuncias constitucionales contra el titular del Ministerio Público sí serán evaluadas, pero estas deben tener el "fundamento adecuado" para remover del cargo a alguien de su jerarquía, al que su propia institución, la fiscalía, acusa de ser parte de la mafia judicial Los cuellos blancos del puerto.
"En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay más de 150 denuncias. No quiere decir que no se va a ver el informe Chávarry, se va a ver. Pero hay que hacer una análisis de que tiene que tener el fundamento para que se logre lo que están buscando: la cabeza de Chávarry", refirió Tubino.
La misma excusa esgrimió el presidente de este subgrupo, su colega de bancada César Segura, quien reiteró lo que ya había anunciado a mitad de semana, cuando dijo que "no se va a dedicar a una sola persona" y que si lo siguen presionando por el caso Chávarry, más "terco" se iba a poner. "Todos somos iguales, no tengo que ver con lo que dice un fiscal, un presidente o un congresista. Tengo que ver lo que es la racionalidad y la objetividad. Y eso quiere decir que debo desarrollar de una vez los 140 expedientes que heredé desde el 2016", alegó Segura.
Tubino por su lado justificó la postergación de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que iba ser este lunes, se debe a la importancia que tendrá el informe final Lava Jato, el cual requerirá de la presencia de todos los legisladores en la sesión plenaria del Congreso.
El vocero fujimorista dijo que su partido está en un proceso de reestructuración y reiteró que, en ese contexto —cuando Keiko Fujimori se encuentra bajón prisión preventiva y su partido está en crisis—, ha solicitado un diálogo "sin condiciones" al Ejecutivo, al cual antes se negó y hasta desdeñó. Agregó que ese cambio interno "puede ser un tema demorado, pero nunca es tarde y estamos listos para esto".
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