La Sala de Audiencias del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, verá este miércoles el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori y otros 11 investigados por el caso Cocteles, a partir de las 09:30 horas.
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Precisamente, esta audiencia fue reprogramada, con el fin de que el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, absuelva las observaciones formuladas por la defensa de la jefa de Fuerza Popular.
El último domingo, el juez Concepción suspendió la diligencia donde se analizaba el pedido de prisión preventiva, debido a que el requerimiento estaría incompleto y para que se subsanen todas las faltas observadas.
La defensa de Keiko Fujimori y demás investigados pidieron al juez individualizar el requerimiento de prisión preventiva contra cada uno de los investigados, a fin de que puedan asumir su defensa. Concepción dio un plazo de 24 horas a la fiscalía para atender este pedido.
Según el fiscal, Keiko Fujimori es la cabecilla de una organización criminal que se estructuró dentro de su partido para lavar presuntos aportes ilegales de Odebrecht para la campaña del 2011.
Para Pérez, hay elementos suficientes para que el juez Concepción ordene los 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras 11 personas, entre las que figuran sus asesores Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva, este último vinculado a Montesinos, así como los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, entre otros.
La fiscalía tiene pruebas y testimonios que refuerzan su hipótesis, entre estos la declaración del testigo protegido "TP 2017-55-3", que señala que Keiko Fujimori, sus asesores Ana Herz de Vega y Pier Figari, así como la tesorera de Fuerza 2011, Adriana Tarazona, acordaron que los dineros de las empresas "que no querían aparecer en la lista de aportes" de la agrupación, como Odebrecht, para no tener problemas luego para contratar con un eventual gobierno fujimorista, iban a estar registradas ante la ONPE a nombre de falsos aportantes.
Y, en efecto, varias de las personas que figuran como donantes, han negado haber dado dinero a la campaña. Uno de los primeros en hacerlo fue Segundo Crisanto Pulanche, en la región San Martín, quien denunció que ahora recibe amenazas de muerte.
Además, para el fiscal se cumplen los requisitos para justificar el pedido de prisión preventiva por 36 eses: graves y fundados elementos de convicción; que la pena por los delitos imputados (lavado de activos y crimen organizado) sea mayor de 4 años; y peligro procesal, que implica la obstrucción o fuga de los investigados, que tienen poder e influencias como para evadir la justicia.
Sin embargo, para Giulliana Loza, abogada de la dos veces candidata presidencial, los elementos presentados por el fiscal no demostrarían la comisión de los delitos que imputan a su defendida.
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