La resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que dispuso la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señala que esta agrupación política usó el método del "pitufeo" para recibir aportes a su campaña electoral sin pasar por controles de manejo de efectivo y no declarar movimientos de dinero. De acuerdo al fallo de 184 páginas, esta modalidad de lavado de activos consiste en realizar pequeños depósitos con la finalidad de eludir los registros bancarios o el reporte de transacciones en efectivo por encima de límites comunes. 

"Su nombre se debe a que uno o varios los individuos que se encargan de hacer múltiples transacciones en efectivo y que de conjunto constituyen una suma importante", indica el texto de la medida judicial.

El documento revela que los US$1,2 millones entregados por la constructora Odebrecht a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) fueron fraccionados y ocultados por intermedio de transferencias offshore, la modalidad criminal de ‘pitufeo’, aportantes falsos y actividades proselitistas como cócteles y rifas. "Para controlar y detectar esta modalidad, las entidades financieras deben consolidar operaciones realizadas por cuantías inferiores a las exigidas por el registro en diferentes oficinas de la institución en cuestión", detalla la resolución.

Tomando en cuesta estas pruebas, el despacho del fiscal José Domingo Pérez, encargado del caso y quien solicitó la detención Fujimori, concluyó que la hija mayor de Alberto Fujimori lidera una organización criminal constituida en el interior del su partido, que "tenía entre sus fines obtener poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de (...) Odebrecht".

La Fiscalía también presenta como indicio de irregularidades en las finanzas fujimoristas el detalle de las transferencias recibidas desde el exterior por el partido Fuerza Popular para la campaña 2011, que están cerca a los US$500 mil entregados por la compañía brasileña y que fueron realizados a través de los bancos Deutsche Bank, Wells Fargo Bank y Caixabank, entre otras entidad financieras, informó el portal OjoPúblico. 

Dentro de los aportantes se encuentra Joon Lim Lee, esposa del dirigente fujimorista Jorge Yoshiyama Sasaki; del empresario Juan Carlos Luna Frisancho, dueño del LVF Liberty Institute, una de las mayores financistas de Fuerza Popular; de la empresa japonesa Takagi y de la compañía Andean Sun Produce, constituida en Estados Unidos, entre otros aportantes offshore.

De hecho el documento señala que para concretar el acto delictivo se utilizan varias cuentas o varias entidades financieras de manera que no sean detectadas ya que los montos transferidos entre cuentas son menores a límites que necesiten reportar los movimientos."Para controlar y detectar esta modalidad, las entidades financieras deben consolidar operaciones realizadas por cuantías inferiores a las exigidas por el registro en diferentes oficinas de la institución en cuestión", detalla la resolución.

El documento judicial además revela que hay otras 25 personas que realizaron depósitos en la cuenta bancaria de Fuerza Popular en el banco Scotiabank sin estar registrados como aportantes ante la ONPE. Algunos de estos aportantes, siempre según la versión fiscal, también fraccionaron sus aportes. 

Sin embargo, para el juez existen indicios de que estos aportes no fueron realizados por los aportantes que indicó el partido, pues el Equipo Especial del Caso Lava Jato en Perú, identificó a 18 personas que negaron realizar aportes a Fuerza Popular a pesar de estar registrados en los informes que presentó esta organización política ante la ONPE para justificar sus ingresos y gastos de la campaña 2011.

(Foto de cabecera: Ojo Público)

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