Rectifican el blindaje fujimorista. El Pleno del Congreso aprobó este jueves una cuestión previa para incorporar en la acusación constitucional contra el juez supremo César Hinostroza, el delito de pertenecer a una organización criminal, que había sido excluido inicialmente en la Comisión Permanente gracias a los votos de Fuerza Popular, con lo que ahora el cuestionado magistrado podrá ser investigado y procesado como cabecilla de 'Los cuellos blancos del puerto'.
La cuestión previa, solicitada por el legislador César Segura, tuvo 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Las críticas y el repudio al fujimorismo por el escandaloso blindaje al magistrado hicieron retroceder a la bancada que controla Keiko Fujimori, que ya no pudo seguir protegiendo a Hinostroza Pariachi.
Tras esta votación, el parlamentario de Acción Popular Yonhy Lescano presentó otra cuestión previa, para atribuirle el mismo delito a cuatro exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sindicados de ser parte de la mafia judicial. El pedido fue votado y aprobado por separado en los casos de Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila y Orlando Velásquez.
Según lo resuelto por la Comisión Permanente la semana pasada, Hinostroza debe ser suspendido e inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un periodo de diez años. Pero además también ser investigado como parte de la organización criminal 'Los cuellos blancos del Puerto' por la fiscalía, si la decisión es ratificada por el Pleno del Parlamento.
Luego de aprobadas las cuestiones previas, el parlamentario Oracio Pacori (Nuevo Perú), en su condición de delegado de las denuncias contra Hinostroza, Velásquez, Gutiérrez, Noguera y Aguila, pasó a sustentar la acusación constitucional en contra de los mencionados y solicitó al Pleno aprobar la destitución e inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos para estos.
"En la presente acusación constitucional determinamos hechos acreditados. La Comisión Permanente aprobó la acusación por 13 hechos que fueron acreditados y que dan cuenta de infracciones constitucionales y la presunta comisión de delitos para cada uno de los denunciados. Estos se sustentan en medios probatorios y además el derecho a la defensa que han tenido todos los denunciados".
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