“Es claro que la fiscalía es usada como instrumento de venganza política”. De esta manera la congresista y vicepresidenta Mercedes Aráoz reaccionó en su Twitter a la investigación preliminar que le abrió el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por la presunta compra de votos de congresistas para evitar la vacancia del ahora exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). 

El Ministerio Público anunció este viernes que el fiscal de la Nación ha iniciado una indagación a la parlamentaria de Peruanos por el Kambio, así como a PPK y a los legisladores Carlos Bruce (PpK), Marvin Palma, Maritza García y Lucio Ávila (no agrupados), todos involucrados en los denominados 'Kenjivideos'. Estos, como se recuerda, propiciaron la renuncia de PPK a la Presidencia en marzo de este año.

Para Aráoz, la investigación preliminar en su contra “no tiene sustento”, debido a que tiene como base un viaje de supervisión de obras que realizó a Tumbes junto a varios congresistas. Esa misma lectura tuvo su colega de bancada, Carlos Bruce, quien señaló que la hipótesis para de esta investigación es ilógica, al sindicarlo como miembro de una organización criminal a raíz de este viaje.

La parlamentaria no dejó de remarcar que el anuncio sobre esta investigación se da horas después de que Juan Sheput, ponente de la denuncia constitucional presentada en el Congreso contra Pedro Chávarry, presentó su informe final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

El informe concluye en que el fiscal de la Nación cometió “graves infracciones” contra los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución, “así como el artículo 45 de la misma norma suprema”, por lo que sugiere su destitución del cargo de fiscal de la Nación y su inhabilitación por 10 años. 

Si bien el documento tendrá que se aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y pasar luego a la Comisión Permanente, sus conclusiones son lapidarias y agravan más la delicada situación de Chávarry, quien se ha negado a renunciar de forma sistemática, pese a los graves cargos que se le imputan y a las evidencias que lo obligaron a admitir que mintió sobre su relación y cercanía con el suspendido juez supremo César Hinostroza, presunto cabecilla de la organización 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. 

(Foto de cabecera: Andina)

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