El informe final a cargo del parlamentario Juan Sheput en torno a la investigación que el Congreso sigue contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, recomienda la destitución e inhabilitación por diez años del titular del Ministerio Público, acusado de ser parte de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto', tanto por su misma institución como por la Policía.
El documento fue presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego de su eventual aprobación en este grupo que controla el fujimorismo — y que hasta el momento lo ha blindado—, el informe pasa a la Comisión Permanente.
En sus conclusiones, la investigación considera que Chávarry es "autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución y al artículo 45 de la misma norma suprema". Por ello, propone la sanción de destitución del cargo de fiscal de la Nación e inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública.
"Se propone que se le imponga la sanción de destitución del cargo de fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública".
Chávarry se ha negado a renunciar de forma sistemática, pese a los graves cargos que se le imputan y a las evidencias que lo obligaron a admitir que mintió sobre su relación y cercanía con el suspendido juez supremo César Hinostroza, el cabecilla de la mafia judicial. Salvo el fujimorismo que lo respalda y protege, la mayoría de sectores políticos exige su salida, incluso la tensión dentro del Ministerio Público cada vez es mayor porque se aferra al cargo sostenido por dos fiscales supremos también comprometidos también en la trama corrupta.
El informe de Sheput fue elaborado tras la denuncia constitucional presentada ante la subcomisión por parte del congresista del Frente Amplio Marco Arana.
Poco después de que se filtrara el viernes en la noche en los medios el informe contra Chávarry, el Ministerio Público, cerca de la medianoche, anunció que el fiscal de la Nación abrió investigación preliminar contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por la presunta compra de votos en el Congreso para evitar su vacancia.
La pesquisa alcanza a cinco legisladores, entre ellos Mercedes Aráoz. Los cargos que se les imputa son cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.
Lee también
Fiscalía deriva investigación sobre los audios de la corrupción judicial a Pablo Sánchez
Fiscal Pedro Chávarry fue apartado de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
