El año pasado la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ordenó a la Aduana y Protección Fronteriza de ese país bloquear las importaciones de madera de la empresa exportadora peruana Inversiones La Oroza, después de verificar que un gran porcentaje de los envíos a ese país era ilegal. En febrero de este año la USTR pidió por segunda vez al Perú que verificara si otros tres cargamentos de madera (que ingresaron a su país durante el 2017) cumplieron con las leyes y regulaciones peruanas. Los dos pedidos se basaron en el tratado de libre comercio (TLC) firmado entre ambas partes en 2006 y que entró en vigencia en 2009. Las empresas responsables de tales envíos eran Maderera Bozovich, Inversiones WCA y Miremi. 

Los ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura respondieron el pasado julio que el Perú ha fortalecido el marco normativo y la institucionalidad con el propósito de garantizar el manejo sostenible de sus recursos forestales. Informaron que se han instalado puestos de control y sedes priorizadas interconectadas a nivel nacional. También destacaron la aprobación del decreto legislativo N°1319, que establece medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal –aunque la verdad es que todavía no se ha implementado–. Las autoridades peruanas verificaron que dos de los tres cargamentos cumplían con las leyes y regulaciones peruanas de extracción y comercio, pero no pudieron verificar que la madera del cargamento restante tuviera origen legal, lo que en la práctica significa que esa madera es de origen ilegal.  

Este martes, el senador estadounidense Ron Wyden, miembro del Comité de Finanzas, pidió una estricta aplicación de las normas contra la importación de madera ilegal, luego de conocerse un nuevo informe que afirma que continúan los envíos ilegales desde el Perú. "El informe del Timber Committee (Comité de la Madera de Estados Unidos) confirma que la extracción ilegal de madera sigue siendo un desafío serio en el Perú. La administración Trump debe demandar que el Perú implemente las recomendaciones del comité, en particular en una trazabilidad más sólida", dijo. 

Luego de revisar el informe de verificación del Estado peruano, la USTR, a través del Comité, emitió una declaración en la que señala que a pesar de los esfuerzos del Perú por luchar contra el comercio ilegal de madera, este delito persiste. Si bien el proceso de verificación destacó el progreso que Perú ha realizado para abordar la tala ilegal, también confirmó los desafíos que persisten para garantizar la legalidad en toda la cadena de suministro de madera.  

“Estamos de acuerdo en que a lo largo de la última década ha habido una serie de mejoras en el manejo del sector forestal peruano –señala Julia Urrunaga, directora en el Perú de la ONG Environmental Investigation Agency EIA (Agencia de Investigación Ambiental) a La Mula– pero el problema está precisamente en los retrocesos que son promovidos por un sector de la industria y del Estado peruano cada vez que se logra avances significativos en la lucha contra la tala ilegal y su comercio nacional e internacional. El ejemplo más reciente es el decreto legislativo 1451, aprobado el domingo pasado, que le quita independencia al Osinfor, y que con ello debilita aún más la credibilidad sobre el origen legal de la madera peruana”.

En efecto, el Osinfor es el organismo del Estado peruano a cargo de verificar en campo el origen legal de la madera que se extrae en el país. La información que produce constituye la pieza clave para verificar si la madera que se transporta y comercializa – ya sea en el mercado interno o para la exportación– tiene un origen legal o ilegal. En su declaración, el Comité recuerda la independencia de Osinfor en la supervisión y fiscalización, y subraya el papel que cumplió durante la Operación Amazonas al identificar inexactitudes en los planes de gestión forestal en la carga que fue enviada por Inversiones La Oroza hacia Estados Unidos.

Una reciente publicación reveló que entre octubre del 2017 y agosto del 2018 este organismo identificó la extracción ilegal de 274 mil metros cúbicos de madera, equivalente a la carga de 5.000 camiones de madera. Pero esta madera ilegal representa solo una fracción del universo de madera ilegal detectada por el Osinfor: estos 5.000 camiones corresponden sólo a 35 alertas de supervisión emitidas con respecto a la región Loreto, y se refieren a los casos en los que se ha verificado que el 100% de la madera movilizada de los títulos habilitantes (contratos de extracción de madera) en cuestión tiene origen ilegal verificado. A esto hay que sumar muchos cientos más de camiones correspondientes a los casos con menor porcentaje de ilegalidad.

Precisamente estas alertas fueron utilizadas la semana pasada para el decomiso de siete camiones de madera ilegal en el puesto de control de Rancho, en Huánuco.

Sin embargo, la independencia de Osinfor estaría en riesgo –como lo señala Urrunaga– con la nueva norma aprobada, y en cuya elaboración habrían participado –según Ojo Público– representantes de la Confederación Nacional Forestal del Perú; Alfredo Biasevich, de la Sociedad Nacional de Industrias; Erick Fisher, de la Asociación de Exportadores (Adex) y la Cámara Nacional Forestal.

Estados Unidos y la madera peruana

Desde 2007, el TLC obliga al Perú a aumentar sus esfuerzos para combatir la tala ilegal. No obstante, la escasa voluntad política del gobierno central, la corrupción en algunos gobiernos regionales, el lobby de la industria maderera y la falta de infraestructura policial local contrarrestan los esfuerzos para detener este delito. El Anexo Forestal del acuerdo incluye medidas concretas que cada una de las partes deben adoptar para fortalecer la gobernanza del sector forestal y combatir la tala ilegal y el comercio ilegal de madera y productos de la vida silvestre, pero ya ha pasado más de una década y el Perú aún no termina de implementarlas. El Perú, entre otras cosas, debe llevar a cabo auditorías y verificaciones de productores y exportadores de madera en particular a solicitud de Estados Unidos.

"El resultado de esta verificación subraya que hay más trabajo por hacer para detener la tala ilegal en Perú y para salvaguardar la legalidad de los productos de madera que ingresan al mercado de Estados Unidos. Esperamos continuar trabajando con Perú para detener la tala ilegal y la destrucción del Amazonas", dijo Robert Lighthizer, representante comercial de ese país.

El Comité de la Madera ha estado activo en el monitoreo del progreso del Perú para fortalecer la gobernanza del sector forestal en el marco del Anexo Forestal. En los últimos años, ha identificado desafíos continuos para garantizar la legalidad de la madera en Perú, mientras que al mismo tiempo reconoce y apoya el significativo progreso que Perú ha logrado hacia ese objetivo, y monitorea la cadena de suministro en el Perú y el impacto de las reformas que se han emprendido desde la última solicitud de verificación (2016), como la implementación de las regulaciones de la Ley 29763 de Bosques y Vida Silvestre.

La provisión de verificación de la madera sirve como una importante herramienta de monitoreo para evaluar la aplicación de las leyes forestales peruanas en toda la cadena de suministro de madera.

El Comité reconoce el progreso que Perú ha logrado desde 2016, pero también confirma que aún quedan desafíos para asegurar que toda la madera exportada desde Perú a Estados Unidos sea cosechada legalmente. En particular, el Comité de la Madera señala que se necesita un progreso adicional para garantizar acciones de aplicación rápidas contra quienes violan las leyes forestales de Perú. Además, tiene dudas respecto de cómo las prácticas que el país ha empleado le permiten confirmar la trazabilidad total de la madera y la legalidad de la madera en cada etapa del proceso de producción, incluso desde la exportación hasta el sitio de cosecha, de acuerdo con sus leyes y regulaciones. 

“En nuestro informe de investigación publicado hace unos meses sobre la situación del sector forestal peruano y las exportaciones de madera ilegal, 'El Momento de la Verdad', EIA documenta por un lado cómo continúa la extracción, lavado y exportación de madera ilegal peruana pero, por otro, documenta también los importantes logros de valientes autoridades peruanas para poder verificar el origen legal o ilegal de la madera peruana que se comercializa en el Perú y el extranjero. La industria y el Estado peruano tienen que entender que ya se acabó la época en que los mercados no preguntaban por el origen del producto. Cada vez más las leyes de los países de destino sancionan con cárcel efectiva a quienes importan madera ilegal. Si el Perú no puede garantizar a los importadores que su madera es efectivamente legal, la madera peruana quedará fuera de los mercados internacionales”, advierte Urrunaga.

Sugerencias

El Comité de la Madera identificó varias áreas para seguir trabajando, incluidas las previamente identificadas en noviembre de 2016 que continúan siendo relevantes y necesarias para asegurar que todas las exportaciones de madera del Perú sean cosechadas legalmente. 

Cabe resaltar que aún están pendientes de implementación, además, varias de las obligaciones establecidas por el Anexo Forestal del propio tratado, así como por el informe que USTR emitió en el 2012 como respuesta a un pedido de investigación presentado por EIA en su informe La máquina lavadora. Lo cierto es que la mayor parte de estas recomendaciones se vienen reiterando desde hace una década, en diferentes informes, con más o menos las mismas palabras, pero aún no son implementadas.

En este nuevo reporte, las autoridades estadounidenses proponen el fortalecimiento del sistema de trazabilidad del Perú, como la mejora de los requisitos de los documentos de exportación, para ayudar a garantizar el origen legal de la madera desde el punto de recolección extracción hasta la exportación. Asimismo, mejorar e implementar procedimientos para que Serfor verifique el origen legal de las exportaciones de madera. Además, implementar rápidamente en todo el Perú el sistema electrónico de seguimiento de la madera que la USAID ha respaldado como un componente clave de la cooperación ambiental entre ambos países, y fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales peruanos para detectar mejor las discrepancias y posibles fraudes en el sistema, incluso aumentando sus propias inspecciones antes de la aprobación de los planes de manejo forestal, mejorando la supervisión y la aplicación en los centros de transformación, incluida la implementación total de los libros de registro; y la presentación oportuna de los planes de gestión aprobados a Osinfor.

El gobierno de Estados Unidos tiene la intención de seguir colaborando con el Perú para instar, supervisar y evaluar el progreso en estas áreas durante los próximos meses, incluso en una próxima reunión de la Comisión de Libre Comercio en Lima. El Comité de la Madera también buscará una reunión del Consejo de Asuntos Ambientales del TLC y el Subcomité de Gobernanza del Sector Forestal para hacer un seguimiento del progreso del Perú en abordar estas áreas importantes y revisar cualquier información y documentación adicional proporcionada el gobierno peruano sobre los envíos y exportadores que fueron objeto de las dos últimas verificaciones de madera. Luego de estas reuniones bilaterales, el Comité de la Madera se reunirá de nuevo para analizar si las medidas adicionales son apropiadas, incluidas las acciones previstas en el Capítulo de Medio Ambiente de TLC y el Anexo Forestal. 

"El Comité de la Madera espera continuar trabajando estrechamente con el gobierno de Martín Vizcarra para garantizar el progreso necesario y significativo en implementar las obligaciones de Perú bajo el Anexo Forestal y que los compradores madereros de Estados Unidos confíen en que la madera que adquieren es de origen legal", detalla el Timber Committee en su declaración.

Los exportadores peruanos en general deben tener en cuenta que si el Perú no termina de implementar los compromisos asumidos en el TLC con Estados Unidos para el sector forestal y sigue exportando madera de origen ilegal, el país está incumpliendo con el tratado y podría ser sancionado comercialmente con penalidades que no se restrinjan solo al sector forestal sino que podrían terminar afectando al resto de exportaciones del Perú a ese país.

(Foto cabecera: USTR) 

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