La semana pasada la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS - Huánuco) intervino en la localidad de Rancho, distrito de Churubamba, provincia de Huánuco, siete camiones que transportaban más de 75 mil pies tablares de madera de origen ilegal.   

El personal del puesto de Control Forestal y de Fauna Silvestre Rancho recibió un aviso de la Fiscalía en Materia Ambiental sobre la alerta que le alcanzó el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) sobre un cargamento de madera presuntamente ilegal que había partido desde Loreto.

Al día siguiente, el 29 de agosto, personal del control, encabezado por Maribel Roca Capcha, entonces administradora técnica de la Administración Forestal y de Fauna Silvestre de Huánuco, detuvo los camiones y revisó las guías de transporte que los conductores presentaron.

La madera transportada estaba amparada por resoluciones correspondientes a las comunidades nativas El Cerro y Nueva Unión (Nauta), de Loreto. Previamente, Osinfor había consultado con estas, quienes negaron haber dado permiso alguno para la salida de madera de sus territorios.

Entre lo incautado figuran las especies de cumala con más de 46 mil PT, capiruní con más de 5 mil PT y tornillo con cerca de 2 mil PT, entre otros.

El crimen continúa

El operativo es histórico; es mucha madera incautada. De hecho es mérito del puesto de Control Forestal y de Fauna Silvestre Rancho, que durante los dos últimos años se ha fortalecido al contar con profesionales probos. En 2017 hizo 37 decomisos, lo que equivale a más de 164 mil pies tablares. En lo que va de este año ha efectuado 66 decomisos y suma ya más de 128 mil pies tablares.

Este último operativo es el mayor en lo que va de estos dos últimos años. Roca Capcha dice a LaMula que se siente satisfecha del trabajo logrado, a pesar de la amenaza que recibió tras la incautación (la llamaron para decirle que se iba a arrepentir de lo que había hecho, que no sabía con quién se había metido) y que ahora ya no está en ese cargo.

Si bien lo que hace este puesto de control es positivo y ejemplar, no se puede dejar de lado que la red de crimen organizado en torno a la madera ilegal persiste en el país, a pesar de pactos nacionales y leyes forestales. Continúa la expedición de documentos oficiales, las guías de transporte forestal, con contenidos falsos sobre todo en cuanto a la procedencia de la madera.

"Siempre hay decomisos, sobre todo de vehículos procedentes de Loreto y Ucayali. Muchas de esas unidades tienen guías que no se ajustan a la realidad, tienen documentación falsa sobre el origen de la madera, la especie y el volumen", señala la exfuncionaria.

Lo que refleja que aún hay malos funcionarios forestales que avalan madera ilegal extraída de zonas no autorizadas (reserva territorial de pueblos indígenas, áreas naturales protegidas, bosques no categorizados, bosque de producción permanente libre, territorio de comunidades nativas sin permisos forestales, etc.) para que sea transportada a nivel nacional y luego exportada.

Es evidente que la corrupción en el sector no ha desaparecido, y aunque hay operativos como el de Huánuco, el siguiente paso -el penal- se desconoce. "Nosotros sancionamos en lo administrativo. Hacemos estos operativos, decomisamos la carga ilegal, pero luego nos sentimos sin respaldo, pues a pesar de nuestra labor muchas veces las autoridades amparan estas cargas y nos dejan sin piso", añade Roca.

En noviembre pasado, tras un informe de Global Witness y de la agencia de noticias AP que indicaban que persistían los malos manejos forestales e involucraban a empresas formales, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) emitió un comunicado en el que afirmaba su firme posición por el cumplimiento de las leyes y el fomento de la legalidad en el sector forestal. Indicó que la nueva legislación contempla mayores sanciones a los infractores forestales y que las publicaciones mencionadas se basaban "en hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa y que no han vuelto suceder".

Lo cierto es que algunos regentes (antes consultores forestales) no actúan de acuerdo con la ley y los documentos fraudulentos siguen circulando.

Al cierre de esta nota, la defensa de los acusados de este delito señala que se ha cometido un abuso contra ellos y apelarán para que se les devuelva las maderas. Las autoridades forestales deben actuar y no decir que el problema de la tala ilegal quedó en el pasado. Y además, proteger a los funcionarios amenazados por hacer su trabajo.

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