La Corte Superior de Lima decidió excluir a Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A. —consorciadas de Odebrecht— del proceso penal seguido por el delito de colusión y otros en el caso del Corredor Vial Interoceánico Sur, proyecto por el cual la constructora brasileña pagó un soborno de más de US$ 20 millones al presidente Alejandro Toledo.

Mediante un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores ( SMV), el grupo Graña y Montero anunció sobre la resolución adoptada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Lima respecto a la investigación por presunto delito de lavado de activos en relación al proyecto “Corredor Vial Interocénico Sur” tramos II y III.

“Hemos tomado conocimiento el día 23 de junio que la Primera Sala Penal de Apelaciones (…) revocó la decisión de incorporar a Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A., entre otras empresas, en la investigación penal seguida por delitos de colusión y otros en relación al proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur – Perú Brasil tramos 2 y 3”, declarando improcedente el pedido de incorporación de la fiscalía y excluyendo a dichas entidades del referido proceso”, precisó Graña y Montero.

Es así como se declaró improcedente el pedido de incorporación de la Fiscalía y se excluyó a las empresas Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y JJC Contratistas Generales S.A como investigados en el caso que vincula al exmandatario Toledo y algunos de sus ministros, entre ellos el también ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski.

En su resolución, el tribunal superior alega que en noviembre del 2017, cuando la fiscalía incorporó a los exgerentes de dichas empresas, no incluyó a las personas jurídicas como investigadas ni les imputó ningún delito. “Entonces, al no existir una imputación formal y formalizada contra una persona jurídica, no resulta viable que aquella sea incorporada al proceso penal, en tanto no recaen en su contra cargos penales de los cuáles pueda defenderse, y tampoco se le garantiza un debido proceso”, explicó el tribunal.

Como se recuerda, a inicios de marzo el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho decidió incluir a las constructoras en la pesquisa del fiscal Hamilton Castro. Sin embargo, la medida fue apelada por la defensa legal de Graña & Montero, JJ Camet e ICCGSA apeló la decisión. 

La sala de segunda instancia le dio la razón a los abogados de la constructoras en un fallo emitido el viernes 22 de junio. Ahora, excluirlas de la investigación no impide a la fiscalía volver a solicitar su inclusión en el futuro.

Prisión preventiva y más

A inicios de diciembre del 2017, los representantes de las constructoras JJ Camet, ICCGSA y Graña y Montero fueron detenidos por su presunta participación, según la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, en el pago del soborno al expresidente Alejandro Toledo por la carretera Interoceánica Sur.

Barata dijo a los fiscales que las consorciadas dieron el visto bueno para otorgar la coima y que en 2011 cedieron parte de sus utilidades para compensar a Odebrecht por el pago de los 20 millones de dólares que recibió Toledo, según la fiscalía.

El 20 de enero, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional revocó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra los empresarios Fernando Martín Gonzalo Camet y José Fernando Castillo Dibós, exrepresentantes de las constructoras JJ Camet Contratistas Generales S.A. y ICCGSA, respectivamente; también se dejó sin efecto el arresto domiciliario contra Gonzalo Ferraro Rey, exejecutivo de Graña y Montero.

De la misma manera, el 2 de abril, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó comparecencia simple para José Alejandro Graña Miró Quesada. En dicho fallo, se señala que el exejecutivo de Graña y Montero no habría participado del supuesto acuerdo entre las empresas del consorcio que pusieron en marcha los tramos II y III de la Interoceánica Suracordaron entregar sus utilidades a Odebrecht por ser la líder y la que asumía los “riesgos adicionales”.

DATO

✔ Está pendiente una solicitud de la procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato al juez Concepción Carhuancho para que se incluya a Graña & Montero, ICCGSA y JJ Camet como tercero civil responsable en la investigación contra Toledo y los exdirectivos de dichas empresas por el mismo caso. Sin embargo, el magistrado aún no se pronuncia sobre dicho pedido.

(Foto de cabecera: Andina)

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