Hacen las cosas al revés. Todo hace indicar que en el intento de penalizar el delito de financiamiento ilícito de partidos políticos, que en la legislación actual solo se considera una falta administrativa, la Comisión de Constitución está tomando el camino equivocado. 

De hecho, el predictamen del proyecto de ley que propone la tipificación del delito de financiamiento ilegal se habría redactado antes de que se pida la opinión de los especialistas, reveló este sábado La República.

El debate del texto estaba previsto para el 8 de mayo, pero luego se aplazó para que sea discutido este viernes en la referida comisión. En la sesión participaron penalistas y especialistas, pero no se logró mayores avances, más allá de la oposición que mostraron los legisladores apristas Jorge del Castillo y Mauricio Mulder.

Fue justamente Mulder quien deslizó la posibilidad de que una regulación sobre financiamiento ilícito de partidos podría beneficiar a quienes actualmente ya son investigados por lavado de activos, bajo la supuesta premisa de que se estaría reconociendo que dicho comportamiento no está tipificado en el Código Penal. Sin embargo, esta duda fue absuelta en la comisión de Constitución por el abogado penalista César Azabache. “Es un argumento completamente errado”, explicó.

En tanto, el penalista Carlos Caro Coria señaló que el predictamen redactado por el equipo técnico de la Comisión de Constitución omite, por ejemplo, consignar como autor del delito a quien podría administrar de facto los fondos, al considerar que la iniciativa solo plantea castigar hasta con cinco años de prisión a los tesoreros y administradores de la campaña que reciba donaciones de fuentes prohibidas.

En ese sentido, Caro aclaró que en la práctica, el caso Lava Jato ha revelado que los fondos mucha veces no eran manejados por ninguna de esas personas, sino por un administrador de facto. Si el Congreso omite esta observación, dejaría un grave vacío, alertó el penalista.

Otro tema relevante en el debate será si todos los candidatos deben ser o no sancionados penalmente por recibir fondos ilícitos. El predictamen establece su inclusión, pero Caro consideró que los candidatos deben tener una “protección especial” para evitar una lluvia de tachas y denuncias contra ellos. Para evitar que esto ocurra sugirió precisar aspectos como el grado de conocimiento del acto ilícito, lo cual además tendría que ser probado por el Ministerio Público, para que un candidato sea sentenciado. 

El penalista también planteó que el predictamen de la comisión, que preside la fujimorista Ursula Letona, debe considerar el castigo no solo a los que entregan y reciben el dinero ilícito, sino también a quienes lo ofrecen y piden, porque tal comportamiento ya afecta la función pública. Por ello, opinó que la ley que apruebe el Congreso también debe castigar a quienes entregan información contable falsa de los partidos.

(Foto de cabecera: Congreso)

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