Como en los 90, el actual Congreso, controlado por el fujimorismo, promulgó este sábado la Resolución Legislativa 007-2017-2018-CR, la cual modifica el artículo 86 de su Reglamento, referido a la cuestión de confianza y censura de ministros de Estado, lo que en la práctica limita la facultad del presidente de la República para cerrar el Parlamento si este no otorga la confianza a dos gabinetes.
Y lo hizo pese a las críticas y cuestionamientos, no solo del oficialismo, sino de juristas que coinciden en que esta medida viola la Constitución y de analistas políticos que advierten los peligros que ello conlleva. Pero este tema se tendrá que resolver finalmente en el Tribunal Constitucional (TC), como anunció la bancada de gobierno, que confirmó que presentará una demanda ante este colegiado.
"Cuando se promulgue esta ley, que no va a ir al Ejecutivo porque ha sido pintada como una modificación del reglamento (del Congreso), los parlamentarios vamos a plantear una acción de inconstitucionalidad ante el TC", anunció el vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta.
"Ya no solo salimos en defensa del régimen del presidente Pedro Pablo Kuczynski o del Gobierno, sino que estamos defendiendo la democracia y los principios básicos de la institucionalidad del país que han sido vulnerados".
“"Esta suerte de dictadura parlamentaria tiene que tener un límite": Gilbert Violeta, a El Comercio.
Según constitucionalistas como Samuel Abad, lo que acaba de hacer el Congreso de la República es ilegal, porque no tiene atribuciones para reglamentar artículos que desarrollan funciones de otros poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo.
Además, en el fondo, lo que parece querer evitar la mayoría parlamentaria y sus aliados —el texto aprobado y promulgado fue presentado por la fujimorista Úrsula Letona sobre la base de una iniciativa del aprista Mauricio Mulder— es un eventual cierre del Congreso, al aprobar, de contrabando, una reforma de la Constitución vía una resolución legislativa, es decir, con una norme de menor rango.
La iniciativa legislativa en cuestión estaba desde noviembre último en la Comisión de Constitución, pero de pronto, el jueves último, la Junta de Portavoces la exoneró de dictamen y la puso en agenda para que sea vista en el Pleno de ese mismo día. Una hora antes de que esto ocurra, se presentó la moción multipartidaria para solicitar la segunda vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. No parece ser una causalidad.
La medida aprobada con menos de dos horas de debate modifica el Reglamento del Legislativo para que no se tome como una "crisis total" del gabinete si el jefe del Estado ratifica a algunos de sus ministros luego de una censura o rechazo de la confianza, para que esta no se considere para disolver el Congreso si ocurre una segunda vez, como indica la Constitución.
"Hay un afán de distorsionar el diseño constitucional para que el Congreso tenga mayor margen de presión sobre el Ejecutivo. Esta resolución hay que descartarla por razones de fondo y jurídicas", dijo el ex defensor del Pueblo y constitucionalista Walter Albán, citado por La República este sábado.
Para el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, la resolución en cuestión viola varios artículos de la Carta Magna, como el 43, que establece que el Perú se sustenta por el principio de independencia y separación de poderes, ya que ahora el Parlamento tiene todas las competencias para controlar al Ejecutivo, al limitar su margen de maniobra política.
El jurista y analista Ernesto de la Jara sostuvo que la modificación revela el temor de algunos congresistas de que PPK busque al Congreso contra las cuerdas para evitar su vacancia. "Deben estar pensando que Kuczynski está viendo cómo se adelanta para tener una segunda posibilidad en que el Legislativo le niegue la confianza y así poder cerrarlo", anotó.
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