Cuando toda la atención y los reflectores están puestos en Sao Paulo, en donde Jorge Barata confirmó lo declarado por Marcelo Odebrecht en noviembre pasado sobre el financiamiento a campañas políticas en el Perú, en el Congreso peruano, en Lima, se aprobó un peligroso proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.
La cuestiona iniciativa, de autoría del legislador aprista Mauricio Mulder, logró luz verde en la Comisión Permanente, que previamente rechazó una cuestión previa para que el proyecto regrese a comisiones para análisis más profundo, con 15 votos en contra y ocho a favor, pero el proyecto aún está pendiente de que se ratifique en segunda votación.
El citado proyecto, Nº 2133, fue respaldado por los miembros de la bancada de Fuerza Popular, que tiene mayoría en la Permanente, y de la Célula Parlamentaria Aprista. Los congresistas de Peruanos por el Kambio, Acción Popular, entre otros, votaron en contra, y los de Nuevo Perú y el Frente Amplio se abstuvieron.
Antes de que se inicie el debate de este miércoles, Mulder hizo modificaciones al artículo 4 de su proyecto, para incluir como excepciones a la prohibición, los casos de desastres naturales y campañas de educación electoral.
La semana pasada, la jefa del gabinete, Mercedes Aráoz, adelantó que el Ejecutivo observaría el proyecto de Mulder si es que no se incluyen las observaciones que le hicieron al mismo, en el sentido de que la publicidad estatal se debe regular, pero no prohibir.
Agregó que coincide con lo que han advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el sentido de la propuesta aprista transgrede principios internacionales sobre los derechos humanos y la libertad de expresión.
De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también lo dejó meridianamente claro en su fallo sobre el caso RCTV contra Venezuela: el Estado no puede utilizar sus recursos, como la publicidad oficial, para castigar a unos medios y premiar a otros.
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