No hay vuelta que darle. El proyecto del congresista aprista Mauricio Mulder, que busca prohibir la publicidad estatal en los medios privados, transgrede principios internacionales sobre los derechos humanos y la libertad de expresión. Así lo han advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Por ello, el Ejecutivo anunció que, tal como está redactada la iniciativa legislativa, no la promulgará en caso el Congreso la apruebe. Precisamente, esta semana se inició el debate de la norma en la Comisión Permanente, pero se suspendió con el objetivo de incorporar los aportes de las demás bancadas.
Para el oficialismo está claro que la ley de publicidad estatal se debe orientar hacia la regulación y no a la prohibición definitiva como pretende la ley Mulder. De hecho, la jefa del gabinete, Mercedes Aráoz, dijo que ya envió al Congreso observaciones a la iniciativa, para garantizar la libertad del Ejecutivo para seguir contratando con los medios de comunicación privados. "Si no se incorporan los comentarios que nosotros hemos remitido, tendríamos que observarla", explicó el viernes la vocera del Gobierno. Arguyó la necesidad de utilizar los medios de información masiva para difundir el trabajo y las campañas que realizan las autoridades.
Los "argumentos de Correa"
Catalina Botero, ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en una entrevista con El Comercio, también se refirió a los riesgos del proyecto de Mulder, porque utiliza los mismos argumentos que en su momento esgrimió el expresidente ecuatoriano Rafael Correa para prohibir la publicidad estatal en los medios privados. "Muestra que no tiene la menor idea de en qué consiste la publicidad oficial. Creen que es una forma de influir en la línea editorial o en los medios", subrayó la abogada colombiana.
En la línea de los que alegó la premier, Botero explicó que una ley como la que se debate en el Congreso evitaría que la audiencia pueda conocer información que el Estado necesita transmitir: una campaña de vacunación, una licitación de obras o la prestación de servicios nuevos. Pero además, subrayó la exrelatora, la propuesta viola principios internacionales.
"Está clarísimo en la Convención Americana de DD.HH. y en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH. Y en el Caso RCTV contra Venezuela, la Corte IDH también lo ha dicho: que el Estado no puede utilizar sus recursos, como la publicidad oficial, para castigar a unos medios y premiar a otros".
A su turno, Roberto Rock, de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, explicó que el proyecto de Mulder "lesiona el derecho a la libre competencia", porque si el Estado privilegia a un sector en detrimento de otro, estaría incurriendo en un problema de competitividad, lo que afectaría el libre mercado al crearse "un monopolio".
Así y todo, Mulder insiste en que la publicidad estatal en los medios privados debe prohibirse de un plumazo. Sostuvo que el Estado puede utilizar sus propias redes sociales para difundir información y el trabajo realizado.
En el último gobierno aprista, se aprobó la Ley 28874, cuya finalidad es establecer los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias de gobierno nacional, regional y local destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio y televisión. Hasta la fecha, la norma está pendiente de reglamentación.
"Creo que vale la pena seguir en una norma como esta", indicó la premier Aráoz, quien también fue parte del gobierno aprista. Explicó que ahora están trabajando para reglamentarla.
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