La noticia de la adjudicación del proyecto Michiquillay a la minera Southern Copper fue celebrada por los representantes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Sin embargo, algo que no mencionan los ministros ni funcionarios es que este proyecto de cobre arrastra problemas sociales en Cajamarca.
La ONG Cooperacción consideró "sobredimensionadas" las proyecciones del gobierno de PPK, que ha considerado el "destrabe" de Michiquillay como uno de sus grandes logros económicos pues estima que su ejecución podría aportar hasta medio punto de crecimiento del PBI en los próximos años.
La organización puso énfasis en el hecho de que el proyecto aún debe culminar su etapa de exploración y luego elaborar su estudio de impacto ambiental. Por ello, afirma "el impacto económico no se vería antes de tres o cuatro años".
Además, resaltó que el proyecto "tiene problemas de falta de licencia social entre las comunidades de la zona" y recordó que en diciembre pasado ciudadanos de la Encañada y Namora realizaron protestas en contra de la licitación de Michiquillay.
En el 2014, Anglo American devolvió al Estado peruano este proyecto minero. Esta empresa estimó una producción de 200 mil toneladas de cobre por año. Cooperacción explica que con su devolución se abrió un proceso de adjudicación, el cual se vio interrumpido por la crisis política a fines del año pasado cuando se realizó el primer pedido de vacancia contra PPK.
Ayer lunes, Proinversión informó que Southern Copper ganó la buena pro de Michiquillay con una propuesta de un precio de transferencia de US$ 400 millones y una regalía contractual del 3%.
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