Uno menos. El congresista Lucio Ávila renunció a la bancada de Fuerza Popular, con lo ahora que el grupo parlamentario de Keiko Fujimori tiene 60 congresistas, luego de la salida de Kenji Fujimori y otros nueve legisladores del ala 'albertista' del fujimorismo que cuestionan el manejo del partido de la hija mayor del exreo de la Diroes.

Carta de renuncia de Lucio ávila

En su carta de renuncia remitida al vocero de la bancada, Daniel Salaverry, Ávila Rojas expresa su "solidaridad" con sus compañeros "expulsados y renunciantes", en alusión a Kenji Fujimori y compañía.

Aunque no lo dice expresamente, se entiende que Ávila pasará a las filas del bloque del menor de los Fujimori, que ya suma 11 legisladores, pero que el Congreso, controlado por las huestes de su hermana, ha puesto reparos para que formen una bancada mixta en principio, mientras que el Tribunal Constitucional resuelve la demanda contra esta figura para que pueden convertirse, formalmente, en un grupo parlamentario con todas de la de ley.

Keiko, entre tanto, logró la semana pasada modificar el estatuto de Fuerza Popular para endurecer las normas internas y hacerse así con el poder y el control absolutos del partido. Ahora puede remover a cualquier dirigente, designar a la quinta parte de candidatos al Congreso o a los municipios y hasta decidir la disolución del movimiento. Pero esta suerte de autocracia, al parecer, no evitará nuevas renuncias.

La salida de Ávila Rojas se da en un contexto en el que la oposición alista un nuevo proceso de vacancia contra PPK por sus presuntos vínculos con Odebrecht, y busca adhesiones para la aprobar la moción que presentarían luego del interrogatorio a Jorge Barata la próxima semana en Brasil. O sea, su renuncia a Fuerza Popular supondría un voto menos a favor de la salida del presidente de la República de Palacio.

Como congresista, Lucio Ávila ha tenido un desempeño gris. No solo es un conocido opositor a la reforma universitaria, sino que como presidente de la Comisión de Educación, le envió oficio en el 2016 al entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, en el que exigía beneficiar a la Universidad del Altiplano de Puno, de la que fue rector entre 2010 y 2014, y se le amplíe el plazo administrativo para adecuarse a la Ley Universitaria.

Ademas, el parlamentario fue acusado de plagiar un proyecto de ley y de utilizar la misma tesis para graduarse en dos universidades. Por estos hechos fue denunciado ante la Comisión de Ética, pero en octubre pasado fue blindado por la que era su bancada, y así ambas acusaciones fueron archivadas por este grupo.

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