Le va llegando la hora. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional formalizó el requerimiento de extradición activa de Alejandro Toledo Manrique a Estados Unidos, donde el exmandatario se refugió tras ser acusado por la fiscalía de recibir al menos US$20 millones de Odebrecht en sobornos por la buena pro de la carretera Interoceánica.
La solicitud de extradición contra Toledo es por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, precisó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
Ahora, el requerimiento formal debe ser analizado por la Corte Suprema, la cual convocará a una audiencia en la que podrá participar la defensa legal de Toledo, quien también es investigado por la compra de casas y oficinas en Lima por casi 5 millones de dólares con fondos de Ecoteva, la offsohore formada en Costa Rica por su examigo Josef Maiman, quien confirmó a la fiscalía que prestó sus cuentas para el pago de coimas y que esos fondos eran derivados a la referida empresa de papel.
En julio de 2017, fiscales estadounidenses habían advertido que el pedido de arresto provisional con fines de extradición de Toledo no procedería si no lograban establecer la ruta completa de los sobornos. La colaboración eficaz a la que se acogió Maiman fue clave para ello.
Según fuentes de la fiscalía, el requerimiento cumple con el principio de doble incriminación para la extradición, es decir, que los hechos que se le imputan a Toledo son delitos tanto en el Perú como en EEUU, requisito sin el que cual se frustraría la repatriación del exmandatario.
Todo este proceso podría demorar unos seis meses, contados a partir de que el cuadernillo de extradición esté listo y cuente con el visto bueno de la Suprema.
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