El congresista oficialista Gilbert Violeta negó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski vaya a renunciar, ante los rumores que han empezado a correr en las redacciones en medio del desplome de su popularidad y de la nueva moción de vacancia que se presentará en el Congreso la próxima semana, que según las sumas y restas preliminares, esta vez sí lograría los votos para ser aprobada en el Pleno.
"Creo que ese es un psicosocial de sabe Dios quién, que quiere insistir en crear inestabilidad en el país, pero creo que la gente seria no debe dar ningún tipo de eco a esos psicosociales", dijo el también presidente interino del partido de gobierno a El Comercio.
"Yo diría que lo mejor sería que ya dejen de hablar de vacancia y que guarden su papelito. Lo que han expresado Acción Popular, APP, con excepción de uno de sus miembros, los no agrupados, el Apra y nosotros es que no la vamos a apoyar. Ya hay que dejar de crear este clima de zozobra al que está acostumbrada la izquierda".
Sobre el bajo respaldo presidencial, que ya cayó a 19% según la última encuesta de Ipsos, Violeta dijo que hay una responsabilidad de todos los que son parte del gobierno. "Más que buscar culpables creo que esta aprobación expresa el malestar por todo lo que pasa en la política nacional. La gente está hastiada del nivel de confrontación", alegó.
El congresista también justificó la cuestionada decisión de PPK de esperar que a que declare Jorge Barata a la fiscalía a fines de este mes, para luego recién definir la fecha en que responderá a la Comisión Lava Jato por los cuestionamientos en su contra, lo que alienta las suspicacias en su contra.
"Es por la manera como se está manejando esta comisión. Es obvio que si va mañana, lo volverán a citar después de que declare Barata. Para evitar este manoseo, no de Kuczynski sino de la figura presidencial, los abogados le han recomendado: “Deja que el Parlamento haga su trabajo completo”, que acopie toda la información y luego pregunten en una sola estación de preguntas".
A PPK se le acusa de utilizar los cargos públicos que desempeñó en el gobierno del hoy prófugo expresidente Alejandro Toledo para beneficiar a sus empresas o firmas privadas vinculadas a él en negocios con el Estado, como, por ejemplo, la Interoceánica Tramo 2, H2OLMOS, entre otros.
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