Las empresas mineras y petroleras han convertido al proceso de consulta previa en un instrumento para legitimar sus proyectos, señala un informe.
Las organizaciones Oxfam y Cooperacción, autoras del informe, sostienen que el Estado peruano no cumple con los estándares para la consulta previa, establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre las razones más importantes, está que no se consulta sobre el uso del territorio indígena ni la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
"No se está consultando medidas que pueden afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas", afirman.
"Solo se está consultando actos administrativos. Los actos administrativos consultados no son relevantes en el proceso de toma de decisiones que corresponden al ciclo del proyecto minero. Sus efectos jurídicos directos sobre los derechos de los pueblos indígenas no son significativos", agrega el informe.
Sostienen que, como la están aplicando, la consulta "no permite un diálogo real" con las comunidades, ya que de las 10 consultas mineras, solo 3 llegaron a la etapa de diálogo y el Estado no toma en cuenta las características particulares de cada pueblo al usar la misma metodología en las reuniones preparatorias y brindar información técnica en un formato estándar y occidental en los talleres informativos.
En general, afirman, las propuestas y acuerdos de la consulta "son de poca trascendencia". "Se refieren principalmente a obligaciones funcionales de las entidades estatales y a obligaciones y compromisos de las empresas establecidos en la ley y en los estudios ambientales aprobados", señalan.
El informe, titulado "La consulta previa en minería en el Perú y el incumplimiento de los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT", hace un balance de la implementación de la consulta, aprobada hace seis años. "La consulta se está convirtiendo en un mero formalismo", sostiene el informe. Para demostrar esto, citan los casos de las consultas de los proyectos de exploración La Merced (Junín) y Corcapunta (Áncash) y de explotación Apumayo (Ayacucho), donde se realizaron las consultas en un solo día.
"No basta que se consulte cualquier medida: es necesario que ésta sea relevante y que se pueda determinar qué afectaciones produce en los derechos de los pueblos indígenas, y especialmente que exista la posibilidad real de establecer acuerdos que permitan evitar o prevenir esas afectaciones, incorporándolos en la medida", concluye el informe.
Oxfam y Cooperacción recomiendan también que la consulta previa se realice con un verdadero diálogo intercultural para garantizar que los pueblos indígenas participen de manera real en las decisiones sobre su futuro, como establecen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
(Foto de portada: Comunidad San Juan de Kañaris en Lambayeque / Radio Marañón)
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