Si bien la coyuntura política ha estado marcada por el caso Lava Jato en el 2017, no hay que perder de vista lo que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en materia ambiental. Como señala un informe publicado hoy, en este año, el Gobierno ha aprobado uno de los mayores recortes de los estándares ambientales de los últimos diez años.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (Fedepaz), Cooperacción y Grufides presentaron el 21º informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), que resalta que el debilitamiento de la institucionalidad ambiental podría generar más conflictos sociales el próximo año.

El informe recuerda que a inicios de octubre, el Ministerio del Ambiente (MINAM) publicó la Resolución Ministerial N°276-2017, mediante la cual modifica el listado de proyectos del sector minero que deben pasar por una evaluación ambiental para poder operar.

El problema se agrava cuando en el nuevo listado de proyectos que deberán cumplir con el requisito de certificación ambiental no se hace mención a los que están ubicados en territorios de comunidades campesinas, nativas y de pueblos indígenas. Por ello, el informe advierte que "los impactos negativos de la exploración minera pueden resultar en vulneraciones a los derechos fundamentales de estas poblaciones y deberían ser examinados por la autoridad competente".

"Que un proyecto minero se realice sobre territorio indígena es razón suficiente para exigir una certificación ambiental de calidad, que salvaguarde el derecho al territorio, a los recursos naturales y a la consulta previa", se lee en el documento elaborado por José De Echave, director del OCM.

Para el Observatorio de Conflictos Mineros, estas reformas que ha emprendido el gobierno de PPK "van sembrando el camino de los conflictos con las poblaciones afectadas por el desarrollo de proyectos mineros en sus territorios".

La nueva lista de proyectos sujetos a la evaluación ambiental entrará en vigencia recién cuando se apruebe el próximo Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, anunciado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y esperado por el empresariado minero, señala el informe.

Una amenaza que no cesa

Otro problema que preocupa es el del cerro Tamboraque, donde, como hemos informado en LaMula.pe, se ubican tres depósitos de relaves mineros ubicados al lado del río Rímac, lo que constituye un riesgo de contaminación por poner en peligro a la principal fuente de agua de la ciudad de Lima. Lo más grave es que con la compra de Coricancha por parte de la canadiense Great Phanter, no se sabe si asumirá o no la remediación de este pasivo ambiental, advierte el informe.

Para De Echave, el Gobierno debe priorizar la remediación de los pasivos que están afectando a poblaciones concretas. "Lo que ha ocurrido en los últimos años es el sinceramiento del número de pasivos, que en muchos casos estaban, pero no los habían identificado. Lo más alarmante es que el 77% no tiene ningún procedimiento en curso, tenemos que revertir esa situación", dijo a LaMula.pe el exviceministro de Gestión Ambiental, quien advirtió que de no atenderse estos problemas podría activarse nuevamente la conflictividad social en el 2018.

El 21º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú explica la reducción de la conflictividad social en zonas mineras a los menores precios internacionales de los minerales y a la coyuntura política, marcada por denuncias de megacorrupción y a la proximidad de las elecciones regionales y municipales.

- Para leer el informe completo, haz clic aquí.

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