Problemas por todos lados. El exsecretario y uno de los principales aportantes de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha sido denunciado dos veces por miembros de su familia por los presuntos delitos de fraude, estafa y falsificación de documentos. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que ambas denuncias involucran a sus empresas investigadas también por el delito de lavado de activos.

La primera acusación está relacionada a la Constructora e Inmobiliaria Habitaria SAC, fundada en noviembre del 2004 por el exdirigente fujimorista y su prima Maribel Ramírez, quien es actualmente regidora en la Municipalidad de Lima. La historia se remonta a finales del 2016, cuando Maribel Ramírez ya era parte de la investigación por lavado activos contra su primo y decide solicitarle un informe sobre el estado financiero y de gestión de Habitaria y que convoque a una junta de accionistas.

La respuesta del también excongresista ‘naranja’ fue a través de una carta notarial con fecha 20 de abril del 2017 en la que dice que Habitaria “carece de solvencia económica, dado que no ha percibido ingresos en el último año”. Asimismo, aclara a su prima que la sociedad se mantiene activa gracias a que él la está solventando a través de créditos otorgados por sus otras empresas.

Una última respuesta del exfinancista fujimorista, con fecha 16 de mayo de 2017, señala lo mismo. Sin embargo, días antes, el 8 de mayo, la defensa de Joaquín Ramírez envió a la fiscal Sara Vidal, quien por en ese momento lo investigaba por lavado de activos, los estados financieros de Habitaria como elementos de prueba de su solvencia económica.

Lo cierto es que en los últimos 9 años, la empresa recibió 65.5 millones de soles. Solo en los primeros tres meses del 2016, Habitaria percibió 770 mil soles. En 2015 registró ingresos nada menos que por 4 millones de soles; en 2014, por 3 millones de soles; en 2013, por 11 millones; en 2012, por 8.5 millones de soles. De acuerdo al documento sobre Habitaria enviado a la fiscalía, los préstamos a la empresa son otorgadas por otras compañías de Joaquín Gutiérrez, como Lima Ingeniería y Construcción.

"Esto se rige por la ley general de sociedades. La señora Ramírez puede aclarar el asunto invocando a esta norma", dijo el abogado del excongresista, Juan Carlos del Prado Ponce.

La Universidad Juan Pablo II

La segunda denuncian penal tiene que ver con la Universidad Juan Pablo II, cuyo dueño es el abogado de Ramírez, Juan Carlos del Prado, y la presentó Nancy Gallegos, esposa de Fidel Ramírez y mamá de Maribel Ramírez. Como informó un reportaje difundido por Willax Televisión, el exdirigente fujimorista y Gallegos consignaron como razón social a la Promotora Juan Pablo II que cuatro años más tarde consiguió la autorización provisional de Conafu para su funcionamiento como una universidad, pese a que la ley lo prohibía ya en ese momento.

Según la denuncia de Nancy Gallegos, su firma fue falsificada en las actas de dos juntas de accionistas: una de agosto del 2015 y otra abril del 2016, en las que incluso Joaquín Ramírez aparece como presidente, cuando ella era la que ostentaba ese cargo, informó El Comercio. A esto se suma que Gallegos descubrió que Promotora Juan Pablo II le debía 2.3 millones de soles a las empresas del excongresista, como Capricornio, Lima Ingeniería y Construcción y hasta la propia Habitaria. Todas investigadas por lavado de activos.

(Foto de cabecera: Radio Nacional)

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