El cuestionado indulto a Alberto Fujimori sigue generando controversia. Y otra vez en el Ministerio de Justicia (Minjus), donde varios funcionarios de derechos humanos renunciaron luego del cuestionado beneficio al autócrata.
Ahora resulta que la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Minjus dejó sin piso a la Comisión de Gracias Presidenciales para seguir negando a la Defensoría del Pueblo y otro solicitantes locales, el informe sobre el proceso 'express' que liberó al exmandatario cuando aún le faltaba purgar 13 años de prisión de una pena de 25 años por secuestro agravado y homicidio calificado, que son considerados crímenes de les humanidad.
¿Qué ha sucedido? El director de la Comisión de Gracias, Juan Falconí, a la sazón viceministro de Justicia, solicitó a la Dirección de Transparencia, que depende de la misma cartera de Justicia, un opinión sobre la pertinencia del pedido de la Defensoría.
Pero Falconí no esperó ese informe que había solicitado, y el 13 de enero envió una carta a la Defensoría en la que alega que no podía entregar las copias del informe médico y el resto de la documentación que sustentó el indulto a Fujimori por supuestas razones humanitarias porque se trata de información privada relacionada con la salud del autócrata y que, por tanto, existen restricciones legales, como el derecho a la privacidad personal, que avalan su postura.
El Minjus solo se accedió, casi por obligación, a remitir el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cara a la audiencia del 2 de febrero en que realizará la audiencia en la que evaluará si la liberación de Fujimori incumple sus fallos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, por las que el expresidente fue condenado.
Sin argumentos
Sin embargo, el 16 de este mes —tres días después de que Falconí informó a la Defensoría que no podía entregarle la documentación requerida—, el jefe de la Dirección General de Transparencia del Minjus, Eduardo Luna, le envió un informe de ocho páginas con la opinión que la misma Comisión de Gracias había solicitado sobre este tema.
En el referido documento, Luna es claro: la Defensoría está habilitada por ley "para acceder a información calificada o considerada secreta, reservada o confidencial, siempre que actúe en el ámbito de su función". Es decir, la negativa de la comisión de Falconí no tenía sustento legal.
En su informe, Dirección General de Transparencia del Minjus concluye que si bien se trata de información sensible sobre la salud de Alberto Fujimori, "hay supuestos habilitantes en la ley y el interés público para prescindir del consentimiento del titular de los datos personales"; por tanto, la negativa es una interpretación incorrecta de la norma.
Está por verse si Falconí y su grupo rectificarán o si persistirán en el error, lo que acentúa las dudas y sospechas de que algo ocultan respecto a los trámites para indultar a Fujimori, proceso en el que se han detectado una serie de inconsistencias e irregularidades tanto de forma como de fondo.
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