El pasado 11 de enero, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski declaró el estado de emergencia en el Corredor Vial Minero que comprende Apurímac, Cusco y Arequipa. El decreto supremo señaló que se toma esta medida para "evitar actos contrarios al orden interno que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas" y para "restablecer el orden interno" en esta zona donde se encuentran los proyectos Las Bambas, Antapaccay, Constancia y Cerro Verde.
Esta declaratoria de emergencia ha sido rechazada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. A este escenario se anticipó el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), que en su último informe publicado en diciembre del año pasado, alertó que el gobierno de PPK "viene restringiendo derechos constitucionales como la libertad de reunión y libre tránsito".
José De Echave, coordinador del OCM, señaló que "ni el Estado ni la empresa han sido capaces de revertir el estado de conflictividad latente ante las demandas en materia ambiental, derechos humanos y desarrollo".
"Hay una clara muestra de la incapacidad del gobierno para manejar este conflicto por vías alternativas, sobre todo apostando por una mayor institucionalidad y diálogo. Los estados de emergencia en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, afirmó.
Para el exviceministro de Gestión Ambiental, es poco probable que este gobierno tenga algo de capacidad para diseñar una verdadera estrategia de prevención y gestión de conflictos mineros.
“Seguramente, lo que seguiremos viendo en una estrategia predominantemente reactiva, que buscará apagar incendios y por el perfil de varios de sus integrantes, se seguirá priorizando la herramienta de los estados de emergencia y la criminalización de la protesta, que ya se utiliza en varias regiones del país”, dijo.
El 21° informe del Observatorio de Conflictos Mineros señaló que zona sur del Perú sigue siendo la de mayor relevancia para la actividad minera, pues concentra el 50,7% de la cartera de proyectos de inversión y ahí se registra alrededor del 30% de la conflictividad social.
Otra de las conclusiones de este informe es que el gobierno de PPK ha aprobado uno de los mayores recortes de los estándares ambientales en los últimos diez años. El OCM está conformado por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (Fedepaz), Cooperacción y Grufides.
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