En el 2011, el dirigente indígena Walter Aduviri lideró la protesta en Puno conocida como el "Aymarazo", conflicto en el que se manifestó el rechazo a las actividades mineras en la zona sin tomar en cuenta los derechos de las comunidades indígenas. Seis años después, en diciembre pasado, la Corte Superior de Justicia de Puno condenó, en segunda instancia, a 7 años de cárcel por el delito de disturbios. En su argumentación, los jueces consideraron que no se aplica el derecho de los pueblos indígenas porque Aduviri ya no sería indígena por tener estudios superiores y haber salido de su territorio.
En la sentencia, se lee que Aduviri:
"[...] ya tenía una instrucción superior, y en el juicio oral manifestó que es contador público y curso estudios de maestría y doctorado, situación que le permite motivarse en la norma, es decir comprender las prohibiciones, por cuanto ya tubo un proceso de socialización, y como tal bien ha internalizado la norma prohibitiva de la ley penal, si bien es una persona perteneciente a la cultura Aymara, identidad que siempre lo acompañara, pero su grado de instrucción ya le permite adecuar su conducta conforme a derecho”.
¿Socialización? Esta parte del texto parece confundir "pueblo no contactado" con "indígena". Es decir, los jueces creen que un indígena debe ser una persona con identidad estática, que no adquiere ni cambia costumbres, una cuestión ya resuelta en la antropología jurídica.
Al respecto, el abogado Juan Carlos Ruiz (Intituto de Defensa Legal) afirmó, en una publicación en Facebook, que el hecho de que Aduviri entienda las normas penales no quiere decir que comparta la cultura que hay detrás y calificó como "absurdo y arbitrario" el hecho de que los magistrados consideren que se deja de ser indígena cuando se sale del territorio. "La pregunta es en qué se convierten los indígenas cuando van a las ciudades? ¿En modernos?", cuestionó.
Para el abogado de IDL, los jueces que han sentenciado a Aduviri parecen seguir "atrapados en una concepción monocultural" y no tomar en cuenta el pluralismo cultural de nuestro país reconocido por la actual Constitución. "El problema con el monoculturalismo es que cree que hay una sola cultura y un solo derecho. El problema con esta ideología jurídica es que criminaliza a las otras culturas y a las personas que las practican", explicó.
"Desconocer las normas del código penal no es expresión de incapacidad mental de los indígenas, sino de la existencia de otras culturales en nuestro país. No reconocer esto es desconocer el pluralismo cultural en nuestro país", agregó.
LaMula.pe se comunicó con Martín Ticona, abogado de Aduviri, quien informó que mañana martes presentará un recurso de casación ante la Corte Superior de Justicia de Puno ante el evidente incumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT, que plantea penas alternativas a la prisión cuando se trata de indígenas. Lo que hizo Aduviri en el 2011 es defender, como indígena, sus territorios ancestrales ante la actividad minera que amenazaba a la población.
En diciembre pasado también, el Poder Judicial de Puno tuvo otra sentencia relacionada a la minería, pero esta vez a favor de las comunidades indígenas. El Juzgado ordenó la anulación de 13 concesiones mineras por haberse otorgado sin la debida consulta previa a los pueblos.
(Foto de portada: Semana Económica)
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