Contrarreloj. La Presidencia del Congreso convocó la noche del viernes a una sesión del Pleno para este martes 9 de enero. El objetivo es debatir y someter a ratificación la norma que prohíbe postular a los condenados por terrorismo, corrupción, narcotráfico y violación sexual, para que se aplique en las elecciones regionales y municipales del presente año, manifestó el legislador César Villanueva, vocero de APP.
"Hay plena disposición de sacar adelante la ley, todas las agrupaciones políticas estamos con la idea de que el martes la ratifiquemos", dijo a la agencia Andina, al comentar la preocupación de Transparencia y Proética por el riesgo de que el Congreso no ratifique la norma clave para empezar a sanear la política y las instituciones del país. "No tenemos duda que vamos a ratificar la ley, la población puede sentirse tranquila al respecto", insistió.
El Congreso solo tiene plazo para ratificar, promulgar y publicar la medida hasta el martes 9, un día antes de la convocatoria a las elecciones locales y regionales 2018.
En noviembre pasado, el Parlamento decidió que para los comicios de este año solo se podrían promulgar leyes hasta un día antes de la convocatoria del proceso. También estableció que la convocatoria se daría en un plazo no menor de 270 días calendario anteriores a la elección, el que se cumple el 10 de enero de este año.
La norma en cuestión se aprobó el 2 de noviembre del 2017. En el debate de la misma se amplió el rango de la restricción, que en principio solo fijaba la prohibición para los condenados por el delito de terrorismo y apología. El nuevo texto de la iniciativa incluyó los delitos de corrupción, narcotráfico y violación sexual, incluso cuando los sentenciados se hubieran rehabilitado.
Cinco días después se dio la autógrafa de ley, pero a fines de mes llegó una observación del Ejecutivo respecto a que "los impedimentos no resultarán aplicables a quienes hubieran recibido indulto razonado o especial". Así, a inicios de diciembre del mismo 2017, la Comisión de Constitución se allanó a la observación y la levantó.
Pero este cambio requiere que la la autógrafa vuelva a ser ratificada por el Pleno. Hubo dos sesiones plenarias –el 7 y el 13 de diciembre– en las que se pudo ver este tema, pero no se hizo, lo que disparó las alarmas, porque se corría el riesgo de que en los comicios de este año postulen candidatos como Waldo Ríos, quien participó en el proceso electoral del 2014, pese a que tenía una condena del 2008 por cohecho pasivo y receptación. Ya en el cargo de gobernador de Áncash, en el 2016, fue condenado otra vez, pero por colusión y peculado.
Otro dato que evidencia la necesidad de esta norma: el exalcalde Ricardo Chiroque, quien estuvo preso hasta el 2014 por corrupción, ya anunció que quiere volver a postular a la Alcaldía de San Juan de Lurigancho.
[Foto de cabecera: Andina]
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