Mientras el Poder Judicial envió a prisión a cuatro de los cinco directivos de las empresas peruanas que formaron consorcio con Odebrecht en el caso de la Interoceánica Sur, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, confirmó que el Ejecutivo observará en parte las modificaciones que el Congreso hizo al Decreto de Urgencia 003, para incluir a las exsocias de la constructora brasileña.

Tras calificar el caso Lava Jato como el más complejo en los últimos 50 años, Mendoza le dijo a Gestión que la norma no debe dificultar ni obstruir la actividad de las referidas empresas, y en ese sentido dijo que se revisará una vez que su despacho reciba los cambios que el Parlamento realizó al referido dispositivo legal.

"Creo que hay que replantear algunos lineamientos, para que sea más fluido y no tan difícil. Vamos a hacer observaciones parciales que haremos conocer al Congreso en el más breve plazo, a efectos de que las consideren, analicen y de ser posible las aprueben".

El ministro dijo que que la labor de su sector frente al Decreto de Urgencia 003 es controlar y supervisar el manejo de los bienes de las compañías que tienen cargos de corrupción, con el fin de garantizar la cadena de pagos y la reparación civil al Estado peruano. 

En cuanto a los proceso judiciales por el caso Lava Jato, Mendoza sostuvo que los operadores de justicia —jueces y fiscales— deben "garantizar los derechos de las personas acusadas para que no haya negligencias, y todo se conduzca de manera regular y se permita el libre derecho de defensa", tras admitir que las acciones judiciales de estos días deben preocupar al sector empresarial.

Hace unas semanas, la jefa del gabinete, Mercedes Aráoz, en un encuentro con la prensa extranjera acreditada en Perú, había adelantado su rechazo a los cambios al Decreto de Urgencia 003 que aprobó el Congreso, ya que —dijo— vulneran el derecho a la presunción de inocencia y ponen en riesgo la cadena de pagos de las empresas que están ejecutando obras públicas.

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