El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, una iniciativa legislativa que modifica el Decreto de Urgencia 003, que el Ejecutivo emitió en febrero pasado con el fin de asegurar el pago de la reparación civil de las empresas corruptas, como Odebrecht, luego de que estalló el escándalo Lava Jato en Perú.
De ratificarse en segunda votación para luego ser promulgada por PPK, la norma sancionará a las firmas socias o consorciadas con empresas que hayan cometido o admitido delitos de corrupción, con la restricción de pagos por parte del Estado.
Es decir, la propuesta del Congreso amplía los alcances del decreto del Ejecutivo, al impedir que las socias o consorciadas con las empresas corruptas saquen del país el dinero mal habido y que vuelvan a contratar con el Estado, además, claro, de asegurar el pago de la reparación civil sin que se perjudique la continuidad de las obras de infraestructura que están en curso.
Así, si la medida planteada desde el Legislativo se convierte en ley, la retención del dinero se hará sobre un monto de la ganancia de la compañía en los últimos cinco años en proyectos similares, según explicó La República; en tanto, el Ministerio de Justicia publicaría la lista de empresas a sancionar y pediría a la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato estimar el monto a pagar por concepto de reparación civil.
Hay sospechas de que empresas como Graña y Montero sabían de los sobornos que Odebrecht, de la que es socia, admitió haber pagado en Perú, tal como lo afirmó ante la justicia en su momento Jorge Barata, exdirector de la constructora brasileña en Perú, aunque la compañía peruana ha insistido en negar esa versión.
La fujimorista Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, dijo que la aprobación de esta iniciativa legal es necesaria para la lucha contra la corrupción.
DATOS
► El proyecto de ley en mención se aprobó por una unanimidad: con 98 votos a favor y ninguno en contra. La segunda votación será en siete día, anunció el presidente del Congreso, Luis Galarreta.
► La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta, autora de la propuesta, planteó que se agregue otra sanción para las socias o consorciadas que sean condenadas por corrupción y no hayan aceptado inicialmente su culpa: que paguen el doble de la reparación civil.
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