La Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht solicitó al Poder Judicial que las peruanas Graña y Montero, JJC Contratistas e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) sean terceras civiles responsables en el caso de la Interoceánica Sur, proyecto en que la constructora brasileña admitió haber pagado sobornos de unos US$20 millones al expresidente Alejandro Toledo.
El pedido se formuló ante al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que preside el juez Richard Concepción Carhuancho, quien este domingo deberá resolver el pedido de prisión preventiva de la fiscalía contra cinco directivos de estas empresas peruanas por este mismo caso.
La procuraduría sostiene que estas empresas peruanas lograron beneficios económicos a raíz de los sobornos de US$20 millones que Odebrecht dijo haber pagado para adjudicarse los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, que fueron ejecutados en consorcio con Graña y Montero, JJC Contratistas e ICCGSA.
La solicitud se ve reforzada con la disposición fiscal Nº 19, con la que esta semana se formalizó investigación preparatoria en este caso, paso previo al proceso penal, y en la que el equipo especial del caso Lava Jato, a cargo de Hamilton Castro, sostiene que las empresas peruanas se coludieron con Odebrecht para defraudar al Estado peruano.
Así, se espera que esas constructoras peruanas y Odebrecht asuman la reparación civil al Estado de manera solidaria. En caso de la Interoceánica, la Procuraduría Ad Hoc ha fijado de forma preliminar una suma de S/ 200 millones por este concepto, monto que variaría según los daños civiles que se identifiquen en el transcurso del proceso.
El Ministerio Público acusó a 5 directivos de Graña y Montero, JJCamet e ICCGSA como cómplices de los delitos de colusión y lavado de activos y de ser parte de una "organización criminal internacional" que lidera Odebrecht. Para ellos solicitó 18 meses de prisión preventiva, bajo dos argumentos: la gravedad de los hechos que se les imputan y el peligro de fuga.
La hipótesis fiscal se basa, además de en la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, en documentación firmada por los empresarios imputados, las actas de consorcio entregadas por Odebrecht y las auditorías realizadas desde marzo por el equipo fiscal del caso Lava Jato.
Según el Ministerio Público, los investigados acordaron ceder parte de sus ganancias a Odebrecht para pagar un porcentaje del soborno que se le dio a Toledo por la Interoceánica, bajo el concepto de "riesgos adicionales". Bajo este concepto, según el disposición fiscal, GyM cedió la suma de US$6.219.627; JJCamet, US$5.641.151; e ICCGSA, US$3.223.026".
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