Los intentos de amedrentamiento y descalificación -mediante denuncias constitucionales- dirigidos por la bancada de Fuerza Popular hacia el fiscal Pablo Sánchez y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) no pasan desapercibidos en el exterior, mucho menos entre las organizaciones internacionales de sociedad civil, que acaban de condenar estas actitudes.
En su opinión, lo que busca Fuerza Popular es inhabilitar y destituirlos en represalia por sus decisiones y acciones adoptadas -de manera autónoma e independiente- en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad por graves violaciones a derechos humanos.
«Los juicios políticos impulsados por el partido político “Fuerza Popular”, en la actualidad con mayoría parlamentaria en el Congreso peruano, son una muestra de la indebida utilización de mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de los órganos de justicia», señalan en un comunicado.
«A los magistrados del Tribunal Constitucional, se les pretende destituir por haber adoptado una decisión judicial que favorece el cumplimiento –por parte del Estado peruano- de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte vs. Perú, que, entre otras obligaciones internacionales, dispone que el Estado peruano debe investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el año 1986 en el entonces Centro Penitenciario “El Frontón”».
«El juicio político contra el Fiscal de la Nación coincide con el inicio de las investigaciones sobre el origen del financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija del ex Presidente Alberto Fujimori, hoy condenado y detenido por graves violaciones de derechos humanos y corrupción».
Las organizaciones advierten que la celeridad parlamentaria de estos juicios políticos y la ausencia de válidos argumentos fácticos o jurídicos que los sustenten, constituyen un grave peligro contra la independencia y autonomía de las instituciones de justicia en el Perú y ponen en riesgo el equilibrio de poderes que caracteriza a los sistemas democráticos, pudiendo dar paso a un escenario en que el poder político es utilizado para garantizar impunidad en temas de corrupción y graves violaciones a derechos humanos.
Las instituciones que se han manifestado son: la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Robert F. Kennedy Human Rights, Abogados sin Fronteras Canadá, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello - Venezuela y el Comité de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos - México.
Cabe recordar que en el 2001, el Estado peruano ya fue condenado internacionalmente por actuaciones similares, en la sentencia del caso Tribunal Constitucional vs. Perú, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se originó en la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República, en ese entonces también dominado por una mayoría parlamentaria fujimorista.
(Foto: RPP)
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