Once integrantes de la Marina de Guerra presentaron una acusación constitucional en el Congreso contra los miembros del Tribunal Constitucional (TC), por haber fallado a favor de la reapertura del caso El Frontón, informó el diario La República.
Los denunciantes presentaron su demanda ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al sostener que los integrantes del TC han violado el concepto constitucional de "inmutabilidad de la cosa juzgada", al considerar como caso de lesa humanidad la masacre en el penal El Frontón, en 1986.
Los miembros del TC denunciados son su presidente, Manuel Miranda Canales; y sus integrantes Mariella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa Saldaña, quienes votaron a favor de un pedido para subsanar una resolución que declaraba prescrito el caso.
Los firmantes de esta acusación constitucional son los ex marinos Juan Agreda, José Bryson, Julio Casusol, Jorge Curzo, Toribio Dioses, Américo Martínez, Wilbert Puerta, Edgar Rojas, Nicolás Romero, Cilas Sanabria e Hipólito Silva.
LA MASACRE
El 18 de junio de 1986 se produjo un motín en el penal El Frontón, en la isla del mismo nombre cercana al Callao, en el que participaron integrantes subversivos. Ante ello, el entonces presidente Alan García, en Consejo de Ministros, decide encargar el restablecimiento del orden a las fuerzas armadas.
El responsable del operativo fue el vicealmirante Luis Giampietri, con la venia del fallecido ministro del Interior Agustín Mantilla. Producto de la represión fallecieron 133 internos y tres militares.
Luego de esto, diversas organizaciones de derechos humanos en el Perú y el exterior demandaron investigar el caso, decisión que fue aprobada por una comisión del Senado; pero el gobierno de García dio impunidad a los partícipes del hecho.
Este caso ha perseguido durante años a García y Giampietri, quienes en 2006 fueron integrantes de la fórmula presidencial aprista, vencedora en las elecciones de ese año. Mantilla también estuvo en la mira hasta su fallecimiento en noviembre del 2015.
Luego de varias idas y venidas, hay 35 marinos que vienen siendo juzgados por esta masacre, para los que la Fiscalía ha pedido condenas de entre 25 y 30 años de prisión.
Foto de cabecera: Andina.
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