Samuel Abad, el abogado de Pablo Sánchez, tiene una tarea complicada y contrarreloj para neutralizar la consigna política del fujimorismo, que es la destitución del titular del Ministerio Público en el Congreso, que está bajo control de Fuerza Popular, que el lunes volvió a imponer su mayoría contra toda lógica y sustento legal, al aprobar un plazo de 15 días útiles para que se investigue al fiscal de la Nación, a quien acusan de una supuesta "grave omisión funcional" en el caso Lava Jato.
La decisión se tomó en la Comisión Permanente, pese al rechazo del resto del resto de bancadas, con 13 votos a favor —todos de Fuerza Popular—, 6 en contra y 2 abstenciones, sin que se debata la denuncia contra Sánchez. Ahora, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el plazo fijado, deberá citar al fiscal de la Nación para que dé sus descargos y emitir luego un informe a favor o en contra de su destitución y eventual inhabilitación.
"Lamentablemente la Comisión Permanente ha perdido la oportunidad de declarar improcedente una denuncia que no tiene sustento. Cuando se presenta una denuncia hay que evaluar si tiene sustento, y esta no tiene sustento alguno", sostuvo Abad en Canal N.
"Lo que queda claro en un modelo democrático es que cada órgano tiene su competencia. El Congreso no es un fiscal. Intervenir en una investigación fiscal en curso no está permitido. La fiscalía es el titular de la acción penal", agregó el abogado del fiscal de la Nación.
Abad subrayó no hay infracción constitucional en el caso de su defendido y que, por lo tanto, la denuncia es improcedente.
"Evaluaremos nuestros argumentos en función de las imputaciones. Se solicitará la audiencia correspondiente. En una democracia no solo se deben tener en cuenta los votos, sino también las razones. En democracia las razones son claves para convencer con argumentos".
En una entrevista con El Comercio, el presidente de Transparencia, Allan Wagner, no solo afecta la estabilidad de las instituciones autónomas y el necesario equilibrio de poderes, sino también la investigación del Caso Lava Jato, en la que está implicada la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Wagner también coincide con la mayoría de expertos en que no hay base legal que sustente la acusación con el fiscal de la Nación. "No se justifica porque es facultad del fiscal de la Nación designar a los fiscales y estos son autónomos", anotó.
También cuestionó la celeridad inusitada con que el fujimorismo busca la destitución de Sánchez en el Congreso, pese a que la acusación en su contra no está debidamente respaldada en la Constitución.
"Lo que estamos observando es que Fuerza Popular está votando sola, cosa que no había ocurrido antes. La señora Keiko Fujimori presentó su candidatura a la presidencia con un rostro renovado, como un partido que buscaba insertarse en la comunidad democrática. Este tipo de actitudes recientes están dañando esa imagen".
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