Reforma pero hacia atrás. El Pleno del Congreso, con los votos de Fuerza Popular, aprobó que los partidos políticos ya no revelen quiénes son sus financistas durante una campaña electoral, sino que lo hagan al culminar el proceso.
La modificación fue aprobada con 68 votos, la mayoría del fujimorismo con algunos de apristas y de APP. Hubo 17 votos en contra, de legisladores de Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio, Frente Amplio, y 12 abstenciones de oficialistas y acciopopulistas. Luego, con 60 adhesiones, fue exonerada de una segunda votación.
Actualmente, la ley electoral establece que partidos y alianzas presentan varios informes de sus aportes que reciben antes de que los ciudadanos emitan su voto. Así, cada organización que participaba en los comicios debía entregar a la ONPE cinco reportes financieros, que incluyen aportes recibidos y gastos de la primera vuelta, y otros dos de la segunda vuelta.
Según la legislación vigente, de la primera etapa, solo uno se podía declarar después de la votación. De la segunda, también solo uno podía presentarse luego de la fecha del sufragio. Si con este sistema, los movimientos como el fujimorismo se valían de vacíos legales para sacarle la vuelta, ahora será más complicado incluso.
De hecho, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es investigada por la fiscalía por los famosos cocteles con los que dice haber financiado las campañas políticas que perdió, en el 2011 y 2016, ya que si bien se reportaron los ingresos, no se justificaron porque se niegan a revelar la identidad de todos sus aportantes.
Ahora, con el cambio aprobado por el Parlamento, los electores no tendrían la información de quiénes financian las campañas de los candidatos a un cargo de elección popular hasta después del sufragio. El plazo establecido es "no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano de la resolución que declara la conclusión del proceso electoral".
Para que esta medida se convierta en ley falta la promulgación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. De no hacerlo, el Congreso podría promulgarla por insistencia. El fujimorismo y sus aliados tienen los votos para ello.
Un retroceso a todas luces
Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, dijo que el cambio es un despropósito, porque se legisla para los partidos en detrimento de los electores. "Los partidos alegan que en campaña no deben distraerse en cuentas. Entonces, le facilitan las cosas pero las complican a la ONPE y a los electores", anotó, citado por La República.
Y lo más grave, alertó Távara, es que abren las puertas —aún más— al ingreso de dineros ilegales.
"Ahora presentarán un informe solo cuando se terminó el proceso, se proclamaron resultados y entregaron credenciales. Eso resta facultades de control a la ONPE y le quita a los electores una fuente de información importante para emitir su voto".
Pero eso no es todo. Távara expresó también su preocupación por las casi nulas sanciones para los partidos que reciban financiamiento ilegal, como del narcotráfico u otros delitos graves. Lo que planteó al Transparencia al Congreso fue que cuando se demuestre que un candidato recibió dinero de personas prohibidas, como un narcotraficante, al partido se sancione con la suspensión a competir en una elección, pero la propuesta no fue tomada en cuenta por la Comisión de Constitución, presidida por la legisladora del fujimorismo Úrsula Letona.
DATO
► Además, si el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se vuelve ley, las dádivas para expulsar a los candidatos del proceso electoral deberán tener un costo superior a las 2 UIT (unidades impositivas tributarias), lo que ahora implica ser mayor a los 8 mil 100 soles. Si es menor solo se multaría al partido, y se expulsaría al candidato si reincide en la falta.
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