Las inconsistencias y omisiones en la resolución con que la fiscal Sara Vidal archivó la investigación por presunto lavado de activos contra el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, sus familiares, colaboradores y la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori, ya habían sido advertidas por la fiscal superior Elizabeth Peralta.

Justamente, emprender las diligencias dejadas de lado y agregar a la investigación información nueva que llegó dos semanas atrás de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fueron las principales razones para que Peralta Suntur decida reabrir, el viernes pasado, la investigación a Ramírez y su entorno por el presunto blanqueo de US$15 millones, una decisión que alcanza a la lideresa fujimorista.

La UIF dio información a la fiscal superior sobre un desbalance patrimonial en los ingresos del financista de Fuerza Popular y de su hermano Osías Ramírez, actual congresista de la bancada naranja. Según fuentes que cita El Comercio, este reporte financiero fue clave para que las pesquisas se retomen, pero ahora adecuadas a la Ley de Lucha Contra el Crimen Organizado.

“[Se recibió información de la UIF sobre] presuntas operaciones y actividades ilícitas relacionadas al presente caso en las que estarían involucrados algunos de los investigados”, dice el considerando trigésimo quinto de la resolución de Peralta.

En el documento, al cual tuvo acceso el decano, se reseña las diligencias claves que no se ejecutaron durante la investigación de la fiscal Sara Vidal. Entre estas omisiones se evidencia la falta de un peritaje contable a las cuentas de las nueve personas investigadas y diez empresas incluidas en el caso.

Así como también la falta de un requerimiento para que el secreto bancario y la reserva bursátil y tributaria de Fujimori Higuchi —así como de los colaboradores de Ramírez: Edmond Jordán Montes, Harold Morales Rojas y Marco Aponte Andrade—, se levante antes de que el caso se archive. 

La fiscal Peralta, quien hace poco aclaró que esta decisión era autónoma e independiente, subrayó que este caso que compromete a los Ramírez y a Keiko Fujimori se trataría de una presunta organización criminal, con estructura propia, número mínimo de personas y distribución de roles. Bajo estas sospechas es que fijó un plazo máximo de investigación de 36 meses, en respuesta un recurso de queja (apelación) presentado el 6 de octubre pasado, por la procuradora de lavado de activos Janet Briones.

“Estamos conformes con la decisión. Este nuevo plazo va a permitir que se efectúe una investigación exhaustiva y se termine con las diligencias que faltaban”, declaró la procuradora a El Comercio.

Para la fiscal superior hubo “una limitada investigación” que no permitieron realizar diligencias como solicitar a la DEA el presunto audio en el que el piloto Jesús Vásquez habría dicho que Ramírez le aseguró que Keiko le entregó US$15 millones en la campaña del 2011 para que los blanqueara.

(Foto de cabecera: Ojo-público)

Notas relacionadas: