En una medida sin precedentes, el congresista Daniel Salaverry y vocero de Fuerza Popular (FP), presentó, este lunes, una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, acusándolo de omisión de funciones al, supuestamente, no haber luchado contra la corrupción.

Para el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) esta medida es una respuesta del fujimorismo ante las investigaciones que sigue la Fiscalía contra su lideresa Keiko Fujimori.

Rivera dijo a LaMula.pe que esta es una denuncia sin precedentes.

"Más allá de que el Artículo 99 de la Constitución establece que un grupo de altos funcionarios, entre los que está incluido el titular del Ministerio Público, puede ser acusado constitucionalmente, esta procedimiento no se había desarrollado antes. Hay amparo legal para acusarlo, pero esta es una medida de carácter política, es politiquera", afirmó.

La denuncia, explicó Rivera, será revisada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que controla el fujimorismo, ya que la preside la congresista Karina Beteta. Luego, el investigado, en este caso Pablo Sánchez, tendrán que defenderse, presentar sus descargos y serán los congresistas los que decidan el futuro del fiscal de la Nación.

Con ello, lo que pretende FP es "ajustar las clavijas" a Sánchez, como consecuencia de las decisiones que se han tomado en las investigaciones contra Keiko Fujimori, señaló el abogado de IDL.

"Buscan torcer las investigaciones y ejercer presión para que el Ministerio Público se someta a mandatos más políticos en lugar de decisiones independientes", dijo.

Esta denuncia, resaltó Rivera, se ha presentado la misma semana en la que el fiscal José Luis Pérez Gómez viaja a Brasil para tomar las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre las anotaciones, que serían sobre Fujimori.

"La acusación busca tener un efecto de represalia política por esa decisión, lo que expresa una preocupación de los fujimoristas", afirmó.

Sobre la responsabilidad del Fiscal de la Nación, Rivera precisó que este tiene la función de conducir institucionalmente al Ministerio Público y tomar las medidas para que las investigaciones se realicen en las mejores condiciones posibles. En este sentido, la acusación de Salaverry carece de sentido, ya que Sánchez no es el titular de las investigaciones.

"Es el jefe de la Fiscalía, pero no decide en las investigaciones. Hay un criterio de independencia que se respeta, los fiscales son independientes del Fiscal de la Nación", señaló.

Para Rivera, lo que está haciendo el fujimorismo es tratando de imponer "reglas de juego no democráticas" a través del Congreso. "Están buscando ocultar sus propias responsabilidades para tener una institución sometida sin investigaciones independientes", afirmó.

Estas estrategias, dijo el abogado, recuerdan al fujimorismo de la década de los noventa. "Cuando encuentran una institución independiente, la golpean, y lo hacen a través de un camino legal como las acusaciones constitucionales", señaló.

Considerando que el Congreso es de mayoría fujimorista, se espera que esta acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, prospere. La semana pasada, la bancada fujimorista también impulsó la decisión de investigar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

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