Se trata de justicia, no de venganza. Amnistía Internacional (AI) manifestó, este martes, su rechazo a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. Marina Navarro, directora de AI en Perú, dio a conocer esta posición a propósito del proyecto de ley que la bancada fujimorista Fuerza Popular (FP) pretende presentar para aplicar la pena de muerte para violadores de menores.
“Existen medidas que han demostrado ser más eficientes que la pena de muerte a la hora de combatir la violencia de género como la educación que promueve la equidad de género, basada en el respecto y la no discriminación, establecer medidas de seguridad para las mujeres, penas justas y proporcionales al delito, reformas policiales y judiciales”, dijo Navarro.
En un contexto en el que el tema de la violencia contra la mujer ha logrado mayor visibilidad, con casos de una violación sexual en el Censo 2017 y otro terrible caso de un padre que violó a su hija de dos meses, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, dijo, el último domingo, que estaba a favor de la pena de muerte. Si bien otros ministros y hasta el presidente Pedro Pablo Kuczynski negaron esta posibilidad, la posición del ministro Mendoza coincide con la de los fujimoristas, que son mayoría en el Parlamento.
Ante ello, AI muestra su preocupación ante la posibilidad de que se debata en el Congreso un proyecto de ley para reinstaurar la pena de muerte, a solo unas semanas de que Perú fuera elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Resalta que la pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. "Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante", agregó la organización.
Ante las afirmaciones que sostienen que esta medida es eficaz para el control de la delincuencia, como señaló el ministro Mendoza que dijo que creía que la pena de muerta era disuasiva, AI resaltó que "una exhaustiva investigación llevada a cabo por la ONU sobre la relación entre pena de muerte e índices de homicidio concluyó que no hay datos científicos que demuestren que la ejecución tiene un efecto disuasorio mayor que la cadena perpetua".
"Las estadísticas de países que han abolido la pena de muerte muestran que su eliminación no ha provocado un aumento de los delitos previamente castigados con ella", afirmó
La directora de AI recordó que el Estado "debe administrar justicia, no venganza”. Otro gran peligro de reinstaurar, sostuvo, es que la pena de muerte es que es irreversible y no hay lugar a un error.
En este sentido, solo en el 2016, AI ha registrado 60 exoneraciones de condenados a muerte por errores en el proceso judicial.
"Muchos fueron ejecutados sin tener pruebas determinantes de su culpabilidad. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se sentencia a pena de muerte en sistemas judiciales que no cumplen con todas las garantías del debido proceso", dice la organización en un comunicado.
"Nuestra investigación sobre la pena de muerte nos ha llevado a concluir que se aplica de forma discriminatoria: si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse", agrega.
En la actualidad, 141 países han abolido la pena de muerte en su legislación. Según un informe de AI, en 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas en 23 países. En América, Estados Unidos fue el único país en llevar a cabo ejecuciones al dar muerte a 20 personas.
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