Colaborador eficaz y nada más. El equipo especial del caso Lava Jato en el Perú, encabezado por el fiscal Hamilton Castro, decidió excluir al expresentante de Odebrecht en nuestro país, Jorge Barata, de la investigación por el pago de coimas en los contratos por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. 

En este caso, que también involucra al expresidente Alejandro Toledo por haber recibido US$ 20 millones de la constructora brasileña, a Barata se le atribuía la condición de cómplice en los delitos de tráfico de influencias y colusión.

Con esta medida el exjecutivo de Odebrecht ya no tendrá  la doble condición de colaborador e investigado, al menos no para el equipo que lidera Castro, ya que la exclusión es mientras prosiga el proceso de colaboración eficaz. En ese sentido, la fiscalía precisó que la situación jurídica de Barata se definirá recién en el mismo proceso de su condición como testigo, informó La República.

El equipo especial ha reconocido que no tener al empresario brasileño como investigado y colaborador a la vez por lo que esta exclusión tiene el objetivo de relanzar su proceso de colaborador eficaz y el de la constructora que inició en  2016, pero que el propio Barata suspendió en agosto de este año.

En ese entonces, el exrepresentante de la compañía relató a las autoridades peruanas su participación en cinco presuntos casos de corrupción: pagos al ex presidente Alejandro Toledo por los contratos de la Interoceánica Sur y al exviceministro Jorge Cuba Hidalgo por los contratos del Metro de Lima. Ambos con orden de prisión preventiva.

Otros casos por los que Barata ya había adelantado su participación fue en los presuntos sobornos al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, por la vía Evitamiento en la ciudad imperial, del ex presidente del Ositran Juan Carlos Zevallos Ugarte, y del gobernador Félix Moreno por la Costa Verde del Callao. Asimismo, dio alcances sobre los aportes a las campañas del expresidente Ollanta Humala el 2011 —que cumple prisión preventiva por presunto deliro de lavado de activos— y en la campaña por el No de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.

Barata siempre se opuso a una investigación

Tomando en cuenta el caso de la presunta coima hacia el exmandatario Alejandro Toledo, la fiscalía decidió formalizar una investigación por complicidad en colusión y tráfico de influencias, algo a lo que Barata siempre se opuso. Su defensa alegó que, a pesar de admitir su responsabilidad en el caso, su predisposición a entregar pruebas e información no iba de acorde con lo que ellos definían como persecución penal desde la fiscalía peruana.

En consecuencia, los abogados de Barata solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil no declarar más ante las autoridades peruanas, ya que —según este exejecutivo— no han cumplido con el acuerdo de colaboración suscrito con la constructora en enero del año pasado. Esto ocurrió justo cuando se convirtió en el hombre clave y quizá el único que tiene los detalles y pruebas de los supuestos aportes a las campañas de Keiko Fujimori y del Apra, en 2011, de los que habló el dueño de la constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, cuando fue interrogado por fiscales peruanos en Curitiba, el 15 de mayo pasado.

Ante el temor de perder este importante testimonio para esclarecer los casos de sobornos de Odebrecht en el Perú, el fiscal Germán Juárez tuvo que renunciar a interrogarlo, con el peligro de no poder probar los cargos que se le atribuyen al expresidente Ollanta Humala. El retroceso de la fiscalía provocó que en agosto el abogado del exejecutivo brasileño, Luis Bramont Arias, solicitara que se declare la prescripción de ese delito, por el tiempo transcurrido desde los tratos con Toledo hasta hoy. Sin embargo, el juez de la Sala Penal Nacional, Ricardo Manrique Laura, rechazó este pedido.

Ya a fines de setiembre, Bramot pidió que sea la fiscalía la que decida si desean tener a Barata como colaborador o investigado. La decisión del equipo especial fue de mantener al exsuperintendete de Odebrecht en Perú como colaborador eficaz, por considerarlo pieza clave en la resolución de los casos de corrupción que involucran a exfuncionarios peruanos.

(Foto de cabecera: Gestión.pe)

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