En el fujimorismo no piensan darle ninguna tregua o concesión al Gobierno. Al parecer, como sostienen algunos observadores y comentaristas, no van a parar hasta la vacancia presidencial o el cierre del Congreso. Son dos salidas extremas, una peor que la otra.
Eso se colige de la nueva 'exigencia' de Fuerza Popular, que ahora pretende que el presidente Kuczynski no vuelva a nombrar a ninguno de los 19 ministros que en las próximas 72 horas deben renunciar, luego de que el Pleno del Legislativo le negara la cuestión de confianza a todo el gabinete que solicitó el primer ministro Fernando Zavala.
"Volver a reincorporar a algunos de los ministros ya censurados sería un acto inconstitucional, una leguleyada", dijo el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril.
No solo es un despropósito político, sino además una suerte de pataleta que no tiene sustento jurídico. El constitucionalista Samuel Abad explicó que, en este caso, no existe ninguna norma o impedimento legal que prohiba a PPK mantener en sus cargos a los ministros censurados por el Congreso. "El Ejecutivo solo actúa según las normas y no hay un bloque en ese nivel", dijo el experto a El Comercio. "Elegir un gabinete es competencia constitucional del mandatario", agregó.
Otro aspecto a tomar en cuenta en este punto es que la práctica parlamentaria muestra que los actuales ministros pueden ser ratificados en el cargo luego de renunciar con el resto del gabinete. Pasó en 2015, cuando el presidente Ollanta Humala renombró a ministros luego de la caída del gabinete de Ana Jara. En ese entonces, varios de los actuales congresistas, como Becerril, no dijeron nada. El primer antecedente de este tipo data de 1963, cuando fue censurado el gabinete de Óscar Trelles. El presidente en esa época, Fernando Belaunde Terry, cambió al premier y a tres de los 12 ministros de entonces.
Es decir, lo que dice la Constitución con meridiana claridad es que quien designa a los ministros de Estado es el presidente de la República y el Congreso solo debe otorgar o denegar su confianza.
Además, el artículo 134 de la Carta Política del Perú señala que si se censura o se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el jefe de Estado tiene la potestad de disolver el Parlamento.
Pero nada de eso parece importar. Igual los fujimoristas van a insistir en su actitud y, según trascendió, solicitarán a la Comisión de Constitución, que ellos controlan a través de Úrsula Letona, legisladora del cogollo de Keiko Fujimori, que defina si es que aquellos ministros que han sido censurados pueden volver al gabinete.
Disolver, disolver
En el oficialismo hay quienes no dudan que, dadas las circunstancias, PPK opte por cerrar el Parlamento y convoque a nuevas elecciones legislativas, como manda la ley. "No tengo ninguna duda de que el presidente disolvería el Congreso de acuerdo a lo que dice la Constitución", dijo el congresista Gino Costa en América Noticias.
En Fuerza Popular dicen que no temen tal escenario. Así lo hizo saber la misma Keiko Fujimori en una reunión privada con su núcleo duro de colaboradores en los últimos días. "Se harán nuevas elecciones, donde volveremos a tener una mayoría aplastante y Kuczynski no sacaría ni 10 congresistas", dijo, según testigos que cita este viernes el semanario Hildebrandt en sus Trece.
PPK y keiko en la última reunión que tuvieron en palacio antes de fiestas patrias. la tregua duró muy poco.
La publicación agrega incluso que Keiko ya dio las directivas a sus congresistas para que embarren a PPK hasta donde puedan en el caso Odebrecht, debido a su participación como ministro de Economía y premier en la concesión de la carretera Interoceánica, durante el gobierno de Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia y acusado de recibir US$20 millones de la constructora.
El primer paso en ese sentido ya está dado: lo ejecutó la presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, la fujimorista Rosa Bartra, quien le envió esta semana un oficio al presidente para que este fije la fecha en la que será interrogado sobre este tema. El objetivo final sería, de acuerdo al semanario, incluir en el informe final del grupo y acusarlo constitucionalmente, lo que derivaría en la destitución de PPK.
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