Este 12 de setiembre se cumplen 25 años de la captura de Abimael Guzmán, el fundador y cabecilla máximo de Sendero Luminoso; con él cayó toda la cúpula que desató un baño de sangre en Perú, gracias al trabajo minucioso del Grupo Especial de Inteligencia (Gein) de la Policía Nacional. Se trata, sin dudas, de un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia reciente del Perú.

Aunque reconocieron su derrota y ya no hablan de la lucha armada para llegar al poder, es probable que la mayoría de los miembros del Comité Central de Sendero —la mayoría sentenciados a cadena perpetua por las atrocidades que cometieron—mueran tras las rejas sin arrepentirse de nada ("La prisión es dura pero jamás nos someterá, menos debilitará nuestra profunda convicción de que el futuro pertenece al proletariado y el pueblo", dijo hace poco Osmán Morote, miembro de la cúpula, a la revista Caretas).

Ya de la organización subversiva fundada por Guzmán, bajo la doctrina maoísta y que en mayo de 1980 inició un conflicto armado contra el Estado y la sociedad, no queda casi nada, pero aún persisten varias de las condiciones que propiciaron la llamada "guerra popular" del campo a la ciudad (opresión, desigualdad, pobreza). 

Por ello quizá haya quienes aún defienden el llamado "pensamiento Gonzalo", bajo el cual se perpetraron matanzas como la de Soras, en 1984, en Ayacucho, donde los senderistas asesinaron a 117 campesinos que se rehusaron a apoyarlos, y hasta justifican la violencia colectiva que causó el 54% de las víctimas que dejó la guerra interna en el Perú, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estima que ascienden a 70.000 personas. Los remanentes que quedan de Sendero, liderados por Víctor Quispe Palomino 'José', ahora operan en las zonas cocaleras del Vraem, pero como una banda criminal aliada de las mafias de narcotráfico.

Pero la gran deuda en el país, 25 años después de la caída de Guzmán y su cúpula, sigue siendo la batalla ideológica. En ese contexto surgió en 2009 el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), promovido desde la prisión por el mismo Guzmán, como el brazo político de Sendero Luminoso. 

Este movimiento, que agrupa a 2.500 miembros, entre senderistas excarcelados, estudiantes, maestros, trabajadores y familiares de condenados por terrorismo, trató de inscribirse como partido político, pero las autoridades electorales del país rechazaron la solicitud porque su ideológica defiende el "pensamiento Gonzalo".

Además del Movadef, el gobierno identifica al Conare, comité sindical de maestros radicales, como otro de los grupos de fachada del movimiento subversivo, el cual volvió a cobrar notoriedad en la reciente huelga magisterial. 

Pero, ¿por qué ganan simpatizantes estas organizaciones ligadas a Sendero? El sociólogo Carlos Tapia, exmiembro de la CVR, sostiene que el problema principal, desde la captura de Guzmán, es que nadie les da lucha política. Los partidos son los llamados a hacerlo, pero con la crisis en la que se encuentran hace casi dos décadas, estos grupos han encontrado de nuevo terreno fértil para una prédica violentista. "No asumen la tarea de darles batalla ideológica, de impedir que el Movadef siga avanzando. Termina la temporada de elecciones, y se olvidan (del trabajo político)", le dijo el analista a la AFP.

Ya lo había dicho a Lamula.pe el historiador Antonio Zapata, en un diálogo con Javier Torres a propósito de su reciente libro, "La guerra senderista, hablan los enemigos". "Si los partidos democráticos valen en algo, deberían polemizar y encarar a Sendero", subrayó.

Excarcelación de senderistas

La liberación de Maritza Garrido Lecca, quien cumplió los 25 años de cárcel que la justicia le impuso por esconder y proteger a Abimael Guzmán, ha merecido estos días amplia cobertura y comentarios en los medios locales. "Hasta ahora no le he visto ni pizca de arrepentimiento (…) la mente la sigue teniendo torcida", dijo Milko Ruiz, procurador antiterrorismo, a la revista Somos, que le dedicó hace dos fines de semana un amplio reportaje a la senderista, cuya figura sigue generando un fuerte repudio en amplios sectores de la sociedad peruana, lo que se refleja aún con más vehemencia en redes sociales.

Como ella, este año salen en libertad varios otros senderistas que ya cumplieron sus respectivas condenas. La mayoría lo hará sin haber pagado las reparaciones civiles por el daño causado a la sociedad peruana. En el Ministerio del Interior han dicho que estarán vigilantes de las actividades que hagan, pero lo cierto es que la única restricción legal que tienen una vez que estén en las calles es la de ejercer la docencia en instituciones educativas públicas o privadas.

Hay dos propuestas legislativas en el Congreso actual, una para declarar la muerte civil en el plano económico para los condenados por terrorismo que no paguen sus reparaciones civiles, y la otra que les prohíbe participar en procesos de elección popular. Ambos proyectos son del fujimorista Héctor Becerril.

En tanto, en la legislatura pasada se endureció la norma de apología del terrorismo, que sancionará a los exterroristas que participen en las actividades del Movadef, por ejemplo, mientras que algunos analistas no descartan que, en el largo plazo, algunos senderistas que cumplieron su condena puedan ingresar en política, pero antes tendrían que mostrar arrepentimiento, lo cual no pasa hasta ahora y es poco probable que ocurra. La Policía y sus órganos de inteligencia por su lado advierten que, bajo la excusa de ser parte de la democracia, Sendero quiere retomar la lucha armada, para cual busca captar jóvenes indignados con el sistema y excluidos del crecimiento económico del país, que los hay, y muchos.

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