La comisión de Justicia del Congreso aprobó una iniciativa para modificar el artículo 316 del Código Penal, referente al delito de apología.También se incorporará el artículo 316-A, sobre la apología del terrorismo. El dictamen de la mesa de trabajo, que unifica a tres proyectos de ley, deberá ser debatido en el Pleno Parlamento.

En el texto de la iniciativa aprobada en el Congreso sobre el artículo 316 del Código Penal se señala que quien “públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe”, será castigado con pena no menor de un año ni mayor de cuatro años. Asimismo, “si la exaltación, justificación o enaltecimiento” se hace en delitos como, por ejemplo, la extorsión o los disturbios, la pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años”.

En cuanto a la apología del terrorismo, que volvió situarse en la agenda política tras la marcha del 1 de mayo en la que participó Movadef, se indica lo siguiente:

“Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audios por delitos de terrorismo, o se realiza a través de imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social, o mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o participe de actos de terrorismo, la pena será no menor de ocho ni mayor de 15 años”.

En tanto, el congresista fujimorista Octavio Salazar consideró que los cambios al artículo 316 eran necesarios, ya que precisan con mayor exactitud quiénes son los que incurren en la apología del terrorismo. “La legislación que existía hablaba de apología, pero le faltaba especificar”, recalcó.

En esa misma línea, su colega de bancada Carlos Tubino señaló que el artículo 316-A especifica mejor el delito de apología del terrorismo. "El nuevo texto es muy estricto. [...] El anterior no era muy claro", comentó el legislador que demás se mostró convencido de que esta modificación ayudará a que no haya divergencias entre los fiscales y jueces que ven casos vinculados al delito.

(Foto de cabecera: Congreso)

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