El juicio oral por las presuntas ejecuciones extrajudiciales a más de un centenar de internos del penal El Frontón, ocurridas en junio de 1986, se iniciará este viernes a las 10 de la mañana. Este caso de lesa humanidad se reabrió gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, por el cuatro de sus integrantes ha sido denunciados en el Congreso.

Los responsables de los asesinatos fueron miembros de la Marina de Guerra, de acuerdo a la acusación fiscal y los hechos ocurrieron durante un motín organizado por presos de Sendero Luminoso en el primer gobierno de Alan García.

La Sala Penal Nacional tendrá a cargo el proceso judicial en el que son procesados 34 exmiembros de la Infantería de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina, para quienes la fiscalía ha solicitado penas de entre 25 y 27 años de prisión.

“La masacre, ejecución extrajudicial o asesinato en masa de los 133 internos del penal El Frontón no solo fue un gravísimo acto ilícito para la legislación nacional, sino también fue un acto reñido con el derecho internacional en materia de derechos humanos", señala la acusación fiscal.

¿Qué dice la historia?

Era el 18 de junio de 1986, cuando presos acusados de pertenecer a Sendero Luminoso organizaron un motín simultáneo en los penales de Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, isla donde el debelamiento duró dos días. En ese momento se realizaba en Lima el XVII Congreso de la Internacional Socialista. Las presuntas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos se realizaron cuando los reclusos ya se habían rendido, según la acusación de la fiscal Luz Ibáñez.

El vicealmirante retirado Jorge Montoya ha calificado esta acusación fiscal como un acoso, que viene de hace 31 años, contra el personal de la Marina que fue parte de la operación. En ese sentido, descartó que se haya tratado de una matanza. "En El Frontón las muertes se dieron en combate, no hubo asesinatos", dijo el exjefe del Comando Conjunto de las FFAA, tras recordar que en el enfrentamiento murieron cuatro marinos.

Crímenes de lesa humanidad

El documento fiscal señala que los elementos probatorios por los que se dispuso acusar a los 34 procesados por "crímenes contra la humanidad consistente en el delito subyacente contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado-asesinato por ferocidad". 

El abogado de los marinos procesados, Sergio Tapia, manifestó que es excesivo que haya un juicio sin pruebas. "Solo esperamos que los jueces sean justos y vean que la acusación fiscal está mal hecha", le dijo a El comercio.

Tapia sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) no halló ejecuciones extrajudiciales ni asesinatos cuando revisó el caso, en la década de los 90. "Dijo que lo que hubo fue un exceso del uso de la fuerza, lo cual no configura un delito de lesa humanidad ni homicidio", comentó el abogado.

Pero para el abogado de las familias de nueve de las víctimas, Carlos Rivera, a la sazón director de IDL, la fiscalía ha realizado una buena investigación y ha reunido suficientes elementos probatorios para formular una acusación. "Este es un caso emblemático de violación de Derechos Humanos. Esperamos que después de 31 años se condene a los autores materiales", afirmó.

Más de 80 testigos

La fiscalía ha pedido que se tome declaraciones a más de 80 testigos para este juicio. De los citados, 35 son exinternos que sobrevivieron al debelamiento del motín del 18 de junio de 1986. Además, de colaboradores eficaces, los otros notificados como testigos serán el expresidente Alan García y algunos de sus ministros de su primer gobierno, como Luis Gonzales Posada, Remigio Morales Bermúdez, Manuel Romero Caro​ y José Murgia. También declarará como testigo Hugo Otero, exasesor de García.

DATO

► La sala que juzgará a los 34 acusados está integrada por los jueces Edhin Campos Barranzuela, Hans Contreras Cuzcano y Otto Verapinto Márquez.

(Foto de cabecera: topsy.one)

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