"No se han recibido denuncias de víctimas", fue una de las justificaciones que dio la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez para archivar la denuncia por abusos sexuales, secuestros, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir contra Luis Figari y otras importantes figuras del Sodalicio de Vida Cristiana.

Como secuencia, el Órgano de Control Interno del Ministerio Público suspendió por 30 días a Peralta Ramírez, quien en enero de este año señaló que "de la parte denunciante sólo han sido palabras", para defender su polémico fallo sobre el Caso Sodalicio.

Diferentes organizaciones que velan por los derechos humanos y en especial el periodista y exsodálite Pedro Salinas, autor del libro “Mitad Monjes, mitad soldados”, levantaron su voz de protesta ante esta insólita de decisión fiscal que no resistía el menor análisis. Por ello, Salinas interpuso una queja por presuntas infracciones disciplinarias en la investigación, la cual fue declarada fundada.

Incluso una de las víctimas, "Santiago", como lo llaman en el relato, sí declaró ante la fiscalía y reveló que fue violado por Figari cuando era adolescente. Sin embargo, su palabra no fue tomada en cuenta porque se presentó fuera del plazo para dar testimonios por violación sexual, así que solo se consideraron sus declaraciones para las denuncias por secuestro y asociación ilícita para delinquir.

Justamente en esa última imputación contra Figari y compañía, la representante del Ministerio Público mencionó que es imposible tomarlo en cuenta porque este cargo no estaba tipificado en el momento en el que se creó el Sodalicio. Esta justificación no contempla que este delito se comete en un periodo prolongado.

Según la resolución del órgano de control que sanciona a la fiscal, Peralta nunca presentó sus descargos durante el proceso administrativo. Sin embargo, todavía tiene derecho a impugnar la suspensión por 30 días que pesa en su contra.

Cabe resaltar que en abril último, la Sexta Fiscalía Superior Penal de Lima declaró nulo el archivamiento del caso Sodalicio y ordenó la reapertura de la investigación. En la resolución, Frank Almanza Altamirano, titular de dicha fiscalía superior, indicó que los interrogatorios no se desarrollaron de manera adecuada y se incurrió en omisión.

(Foto de cabecera: El Comercio)

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