Mientras en el Congreso, el premier Fernando Zavala y la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, trataban de explicar a los miembros de la Comisión Lava Jato que el de Decreto de Urgencia 003 busca velar por los intereses del Estado y no por el de las empresas corruptas, en el Reuters Latin American Investment Summit, el actual director de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz, admitía que la empresa solo pretende pagar US$60 millones de reparación civil al Estado por sus actos ilícitos y además seguir operando en el país.

"No podemos firmar un acuerdo que sea la sentencia de muerte de la firma".

Cruz confirmó así lo que dijo en su momento la ahora exprocuradora del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, cuando reveló que ese monto, que consideró "irrisorio", es lo que la empresa ofreció, tras rechazar lo que la Defensa Jurídica del Estado pretendía que la constructora pague de reparación civil —más S/ 2.000 millones por los cuatro casos de corrupción reconocidos por la brasileña—.

"De los valores pagados ilícitamente, la cuenta de Perú es de alrededor de US$60 millones", alegó Cruz, aunque reconoció que podría elevarse si aparecen más casos de corrupción.

El ejecutivo de Odebrecht sostuvo que el monto que están dispuestos a pagar sería el doble del dinero que la empresa brasileña aceptó haber entregado en sobornos en el Perú, en los tres últimos gobiernos (Toledo, García y Humala), que asciende a US$29 millones en cuatro casos: la Interoceánica, la Línea 1 del Metro de Lima, la Costa Verde del Callao y la Vía Evitamiento de Cusco.

Pero los pagos ilícitos que hizo la constructora en el Perú —sin contar los montos que destinó para financiamiento de campañas políticas— serían superiores a los que admitió, según una investigación de Ojo-Público, que sumó las coimas que hasta la fecha las autoridades peruanas han identificado: US$20 millones en la Interoceánica; US$8.1 millones en el Metro de Lima; US$3 millones en el Programa OH-Ollanta Humala;  US$2.7 millones en la Costa Verde Callao; US$1.2 millones en la Vía Evitamiento del Cusco;  US$780 mil en Ositran; y US$711 mil en Rutas de Lima. Estos pagos suman más de US$36 millones y no US$29 millones como dice Odebrecht. 

En el Congreso

El jefe del gabinete, Fernando Zavala, defendió el decreto el Decreto de Urgencia N° 003-2017, el cual —dijo— busca preservar los intereses del país. "Lo que busca el decreto de urgencia, que se dio en febrero inmediatamente después de habernos enterado del Caso Lava Jato, es proteger los intereses del Estado, no el de las empresas corruptas. Tanto es así que Odebrecht ha denunciado al Estado peruano por este decreto de urgencia, porque no está de acuerdo", dijo.

Zavala también subrayó ante la Comisión Lava Jato que no hay manera de que Odebrecht pueda vender sus activos fuera del D.U. 003-2017, al comentar que la venta de activos del proyecto Olmos, a cargo de Odebrecht, "no se pudo concretar por la intervención de la procuraduría, que pidió una medida de inhibición", lo que —recordó— provocó la salida de Ampuero de la procuraduría ad-hoc.

El dispositivo legal fija restricciones para la venta de activos de empresas que han sido condenadas por corrupción o las que admitieron estos delitos —como es el caso de Odebrecht—, las cuales además quedan impedidas de contratar con el Estado. En marzo pasado, el Ministerio de Justicia publicó una lista en ese sentido, que incluye a las empresas del grupo Odebrecht que operan en el Perú.

"Este decreto se dio para asegurar de que no se rompiera la cadena de pagos, establecer la reparación por daños causados. Es importante que el Ejecutivo, el Legislativo, la fiscalía y el Poder Judicial trabajemos de la mano para asegurar investigaciones y sanciones eficaces y como lo dije al principio evitar tener casos de esta magnitud en el futuro", refirió Zavala.

Pero al no llegar un acuerdo directo con Odebrecht, se allana el camino para  una demanda, que se da en un contexto en el que el equipo legal de compañía remitió un exhorto al Ejecutivo para "dirimir algunas discrepancias" sobre las inversiones que tienen en Perú, las cuales —alegan— están protegidas "bajo cierto Tratado Bilateral de Inversión Internacional". En ese documento que reveló El Comercio, Odebrecht sostiene que su intención es llegar a "un acuerdo amistoso" con el Estado peruano "antes de iniciar cualquier acción legal" en el extranjero.

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