La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, defendió una vez más la separación a la exprocuradora ad hoc Katherine Ampuero y la expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado Julia Príncipe, aclarando que guarda el mayor respeto por esta última pero que se tomó una decisión frente a una 'acción no adecuada' y salvaguardando "la salud económica del país".

En declaraciones a la prensa, Pérez Tello señaló que le hubiese gustado que Príncipe recuperara "la confianza" en las personas, pero que no existía otra salida si se oponía a la pérdida de la misma por parte del Ministerio a Ampuero.

"A mí me hubiera gustado mucho que ella (Príncipe) recuperara la confianza en las personas. Este es un gobierno de gente honesta que quiere hacer las cosas con transparencia, que no tiene nada que ocultar, que tomó una decisión que se puso en una ley (...) Con Julia guardo el mayor de los aprecios. Había que tomar una decisión, se tomó y ahora vamos con todo a que el 003-2017 se aplique como debe ser dando las explicaciones al Acuerdo Nacional, en el Congreso todas las veces que quieran en todas las comisiones que quieran. Cuando uno tiene la razón la defiende sin temor". 

Rechazó también que ambas hayan resultado incómodas al Gobierno al pedir que se investigará al Presidente de la República en el caso Odebrecht. "Hemos dado normas, no ideas sueltas al aire, leyes. El 003 es una ley y dice claramente lo que se tiene que hacer. Todas las demás especulaciones que pueden estar en el imaginario de la exprocuradora, no tienen nada que ver con un hecho concreto", aseguró. 

A Keiko: No se repondrán, no hay marcha atrás 

En otro momento respondió también a la 'sugerencia' de Keiko Fujimori de reponer a Príncipe y Ampuero, y convocar a un Consejo de Ministros.

"Ninguna, por supuesto que nos vamos a reunir los ministros, ya lo hicimos el día miércoles. No hay marcha atrás en esta decisión, pero no porque no escuchemos consejos de muchas personas, sino porque si el decreto no se aplica, la casa pierde todo el valor que tiene".


"El decreto se tiene que cumplir por la salud económica del país. Esto es simple. Si a ti alguien te debe dinero y solo tiene una casa, y tú decides que esa casa en un año no se venda y no se pague servicios, esa casa pierde valor, y las posibilidades reales que tú tienes de recuperar la plata que se te debe, desaparecen. Si a mí me obligan, que es lo que hizo la exprocuradora, a que una empresa corrupta que no va a conseguir financiamiento de los bancos, que tiene una serie de acreencias en Perú y el extranjero, se quede un año, el servicio no se va a brindar como se debe, la cadena de pagos se va a romper y no vamos a tener un centavo de reparación civil que cubrir".


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