Así como la fiscalización laboral en Perú encuentra obstáculos por la falta de recursos, en materia ambiental parece suceder lo mismo pero a un nivel más institucional y del respeto de las funciones. Si el Tribunal Constitucional (TC) le da la razón a una subsidiaria de minera Glencore, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) podría desaparecer, advierte la presidenta de su Consejo Directivo, Tessy Torres Sánchez.
El Oefa es el organismo público "encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la protección ambiental". Es decir, es la institución que evalúa, supervisa, fiscaliza y sanciona a las empresas que contaminan el medo ambiente.
Sin embargo, el cumplimiento de estas importantes funciones corre peligro. Para la próxima semana, se espera que el TC resuelva el caso de una demanda de amparo presentada por la empresa Perubar contra el Oefa, en la que cuestiona el aporte por regulación que recibe este organismo.
“Si es que el TC le da la razón a esta empresa dejaríamos de tener el 75% de los aportes que tenemos, con lo cual casi desaparecíamos, y encima tendríamos que devolver 407 millones de soles que es lo que ha venido recaudando la Oefa desde el 2014 para financiar sus actividades”, dijo la presidenta del Consejo Directivo de este organismo, el pasado 13 de junio, al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Torres Sánchez espera, sin embargo, que el TC realice un "análisis minucioso del tema" y "coincida como ha sido la postura de Indecopi y el propio Poder Judicial al nivel de la Corte Suprema en ese sentido".
Al respecto, el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que una sentencia que declare fundada la demanda de la empresa minera "no tiene cobertura legal y constitucional" porque el TC se estaría manifestando sobre un caso en el que ya hay "cosa juzgada, razón por la cual no puede reabrir el caso porque está expresamente prohibido".
"El TC no puede desconocer este fallo. Hacerlo implica una grave y manifiesta violación grave de la garantía constitucional de la cosa juzgada", explicó en una publicación en Facebook.
Recordemos que el tema del aporte por regulación data del 2015, cuando las empresas mineras demandaron al Oefa por el aporte por regulación. LaMula.pe siguió este caso y estuvo presente en la audiencia en Indecopi, donde la defensa del organismo fiscalizador sostuvo que el aporte por regulación es un tributo y que no tenían por qué rendir cuentas a las empresas. "No quieren pagar y no quieren que las fiscalicen. Cuanto más recursos haya, más fiscalización habrá", dijo Francisco Eguiguren, en ese entonces parte de la defensa del Oefa.
Tanto Indecopi como la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declararon infundada la demanda de acción popular interpuesta por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE). Por ello, ahora, la empresa Perubar de Glencore acude a la última instancia y el futuro de la fiscalización ambiental en Perú queda en manos del TC.
(Foto de portada: Agendia Andina)
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