El preinforme técnico del subgrupo de la Comisión Permanente del Congreso que investiga al contralor Egdar Alarcón propondría su destitución por cuatro faltas graves: hacer negocios con un proveedor de la entidad fiscalizadora; presunta coacción a un auditor; pagar beneficios laborales que no correspondían a una extrabajadora; y realizar actividades lucrativas de compra y venta de vehículos.
El documento —al que tuvo acceso La República— concluye que el contralor transgredió varias normas, entre ellas los artículos 27 y 31 de la Ley 27785 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General), al realizar "actividad lucrativa e intervenir directamente como comprador e indirectamente como financista, al menos, de sus hijos".
En cuanto al pago realizado a la extrabajadora de la Contraloría (en el área de tesoría) María Mejía Franco, el informe dice que no se presentó "ningún acuerdo, acta, convenio" que acredite la regularidad del desembolso. Como se recuerda, dicha exfuncionaria, de acuerdo con el testimonio del auditor Walter Grados Aliaga, fue cesada con S/127 mil y otros S/100 mil bajo el concepto de pago de viáticos, cuando su sueldo era de S/3.350. En el preinforme se sostiene que hay un "patrón de favorecimiento".
imagen: @eloymarchan
Sobre la presunta coacción de Alarcón a Grados, el documento afirma que el contralor señaló haberse sometido a su subordinado, pero, a su vez recalca que el cuestionado funcionario de alto rango "olvida vergonzosamente que solo puede ser enjuiciado o removido por el Congreso".
Al respecto de las actividades comerciales del contralor, el informe cita una nota de La República sobre la compra de un Audi a Juan Capcha, proveedor de la Contraloría. Alarcón —dice el documento— tenía "autoridad y la influencia para permitir o facilitar la continuidad de Capcha como importante proveedor".
La subcomisión, no obstante, no encontró faltas en las otras cuatro denuncias: desbalance patrimonial y evasión tributaria, omisión de presentación de declaración de bienes, la compra y venta de un inmueble en el distrito de Surco, y la la adquisición de terrenos subvaluados del Estado en Arequipa. De igual manera, no se encontró competencia en la compra de un vehículo al hijo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorina, acusado de corrupción.
En declaraciones que recogió La República, Marco Arana, presidente del subgrupo que investigó a Alarcón, dijo que se había llegado a un entendimiento en lo que se refiere a los criterios para abordar la compra de automóviles y el pago de beneficios a Mejía Franco. Acotó, sin embargo, que eso no garantiza llegar a una conclusión definitiva.
El dato
El plazo de la subcomisión para culminar su trabajo es el 7 de julio.
[Foto de portada: Andina]
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