Juan Polar de Rivera y José López Ramírez son los representantes legales de Inversiones JPEG y dueños del local siniestrado en Las Malvinas, en donde hasta el momento siguen desparecidos cuatro jóvenes que trabajan en condiciones infrahumanas y estaban encerrados en un container. A cuatro días de la tragedia que desnudó lo peor de nuestra sociedad siguen sin dan la cara: no han acudido al al Ministerio Público, pese a que la fiscalía anunció que los busca para que den las explicaciones del caso.
"Si no quieren dar la cara es porque les remuerde la conciencia", le dijeron a La República fuentes de la División de Investigaciones Especiales de Delitos contra el Estado, que está cargo de las pesquisas.
En un primer momento se les atribuyó la propiedad de las Galerías Nicolini a Juan Martín Pazos Battistini y Eduardo García-Godos Meneses; sin embargo, Francisco Navarro, del estudio de abogados en donde es socio Pazos Battistini, precisó que este último ya no tiene ningún tipo de relación con la galería incendiada.
"Ellos (Pazos Battistini y García-Godos) son abogados y en su calidad de abogados constituyeron 'Inversiones JPEG'. Son los socios fundadores, pero cinco años después, en el 2012, Pazos Battistini y los demás accionistas vendieron sus participaciones al señor Juan Polar De Rivera. Desde el 2012 no tienen ninguna relación. Posteriormente, como empresa inmobiliaria Inversiones JPEG vendió puestos y almacenes en su mayoría a los propietarios del primer piso", explicó Navarro.
Inversiones JPEG se constituyó en el 2002 con un capital de 1.000 soles y su objetivo era dedicarse a proyectos de micro negocios de explotación de gas licuado. A partir del 2015, según las partidas registrales citadas por La República, aumentó su capital a 101 mil soles y cambió su rubro comercial hacia el negocio inmobiliario. En ese momento se inscribieron como principales accionistas a Camila Polar Chirinos, Luz Escribens Arenas y Juan Polar Chirinos, todos familiares de Juan Polar De Rivera.
Es más, el 11 de octubre del 2016, "Inversiones JPEG" inscribió el acuerdo de los accionistas de nombrar como gerente a José López Ramírez y ratificar a Juan Polar De Rivera como el representante legal.
Por ello, el Ministerio Público ha señalado a Polar y López como los responsables de la tragedia en la galería Nicolini. López Ramírez, además, ha sido denunciado por la Municipalidad de Lima por los delitos en contra de la administración pública y en contra de la vida, el cuerpo y la salud.
El presidente de la Asociación de Propietarios del Centro Comercial Nicolini, Hugo Sulca, señaló que el incendio se inició en el piso superior de la galería que es de propiedad de Inversiones JPEG.
¿Quiénes son los propietarios de la galería Nicolini?
Según Registros Públicos, Inversiones JPEG comenzó a vender el quinto piso de Galería Nicolini a los comerciantes de la zona. Publio León Alegría y Lucía Huamaní Díaz pagaron 144 mil soles por 3.16% de las acciones y derechos del inmueble que pertenecía a Inversiones JPEG. Por su parte, los cónyuges Freddy Pablo Sulca e Inés Soto Huarancca abonaron a Inversiones JPEG un total de 50 mil soles en efectivo por el 3.29% de las acciones y derechos del establecimiento.
Pero ellos no son los únicos, hay alrededor de 30 comerciantes que han adquirido áreas de distinta dimensión del quinto piso de la galería Nicolini. Entre ellos se encuentra el dueño del espacio en donde estaba el contenedor en el que fueron encerrados los cuatro trabajadores que lamentablemente deben haber fallecido por asfixia durante el siniestro.
"No solo son buscados los señores Juan Polar y José López sino también el resto de propietarios del quinto piso, con la finalidad de establecer plenamente quiénes son los dueños del lugar donde estaba el contenedor. Tampoco descartamos que los dueños quizá hayan alquilado su sitio a otros comerciantes. Estamos en pleno proceso de reconstrucción de la cadena de responsabilidades", dijeron fuentes de la División de Investigaciones Especiales de Delitos contra el Estado en conversación con La República.
La responsabilidad pudo ser de cualquiera de los involucrados: los dueños de Inversiones JPEG o los comerciantes que compraron el quinto piso. El problema es que no se sabe quién fue y ninguno da la cara y deslinda responsabilidades.
Una espera dolorosa
"No me voy a ir sin mi hijo", gritaba Bertha Villalobos, madre de Jorge Huamán Villalobos, uno de los jóvenes atrapados con tan solo 19 años. Hasta el momento no se han rescatado a los cuatro jóvenes encerrados en un contenedor en el quinto piso de Galerías Nicolini, en donde se reavivó el fuego.
"Son cuatro noches que no duermo", dijo, mientras una funcionaria del Ministerio de Salud le decía que era preferible que se retirara a su casa para evitar el humo tóxico, informa La República.
César Herrera Castro, tío de Jovi Herrera Alania, otro de los desaparecidos de 21 años, también exige justicia y que los responsables, que aún no se determinan, sean castigados con todo el peso de la ley. "Acá se ha cometido un crimen", afirmó César Herrera.
Los trabajos son arduos, pero el difícil acceso, los focos de fuego que se reavivan y las altas temperaturas del lugar han hecho imposible que se pueda rescatar a los trabajadores encerrados. Incluso los agentes de Seguridad del Estado y los peritos en Criminalística todavía no han podido recoger muestras o evidencias para la investigación.
Otro de las personas que se busca es Johnny, conocido en la galería como el 'Gringo'. A él se le atribuye la responsabilidad del encierro de los jóvenes que eran explotados en los contenedores instalados en la zotea del edificio incendiado.
Al parecer, el 'Gringo' se encargaba de dar instrucciones a los trabajadores para borrar marcas de fluorescentes de fabricación china y colocar otras marcas de prestigio para venderlas al triple de su precio original: una estafa. Además, él era el que almacenaba y distribuía estos productos.
"Él (Johnny) entregó las llaves de los contenedores a un capataz que estuvo dando vueltas desde las 2 hasta las 5 de la tarde para que le permitieran ingresar", dijo Miguel Sánchez Calderón, abogado de los familiares de Jovi Herrera y Jorge Huamán.
Esta práctica se "aproxima a formas modernas de esclavitud", según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
(Foto de portada: Hanslitt Cruzado/ La República)
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