Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos rechazaron, este viernes, un nuevo intento de indultar al exmandatario Alberto Fujimori ante las recientes declaraciones del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.

En un pronunciamiento conjunto, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) expresan su preocupación por la "creciente presión ejercida por diversos sectores" al presidente peruano "para que otorgue indulto humanitario" a Fujimori.

Resaltan que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Y que el proceso judicial con el que se le sentenció "respetó las garantías del debido proceso". "El juicio y su sentencia han sido ejemplo para el mundo de lucha contra la impunidad", afirman.

Reconocen que el indulto humanitario "es postestad del Presidente de la República", pero precisan que "existen límites en su aplicación, tanto por la legislación nacional como por el derecho internacional".

Las organizaciones señalan que el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad. "Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad", precisaron.

Recordaron también que la responsabilidad de Fujimori por estos crímenes fue ratificada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en sentencia de fecha 30 de diciembre de 2009.

Sobre la situación de Fujimori, señalan:

"Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado destacamos que toda persona bajo la custodia del Estado tiene el derecho a que su dignidad e integridad personal sean respetadas. Para que Fujimori sea beneficiado con un indulto humanitario, según el derecho interno, tendría que cumplir uno de dos requisitos: tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativo e incurable; o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo su vida y estado de salud. Sin embargo, de la información difundida por los medios de comunicación en el Perú no se desprende que el señor Fujimori padezca de una condición médica de esta dimensión y su situación carcelaria es adecuada, con acceso a tratamientos médicos".

Por ello, esperan que la decisión sobre el pedido de indulto para Fujimori "se lleve a cabo con absoluta transparencia y en respeto a los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú".

“Una posición distinta colocaría a Perú en la lista de países con graves retrocesos de derechos humanos y alentaría la idea de que los crímenes más graves que atentan contra la humanidad en su conjunto, pueden ser perdonados sin el consentimiento de las víctimas”, expresó Katya Salazar, directora de DPLF.

Por su parte, Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, recuerda que son numerosos los intentos de parte de la familia de Fujimori "por desconocer el fallo condenatorio al exmandatario. "Estas acciones demuestran una profunda falta de respeto para el estado de derecho, algo que fue característico de su gobierno. El señor Fujimori debe cumplir su sentencia como cualquier otra persona condenada por hechos tan graves, salvo que su salud se deteriore”, señaló.

La directora ejecutiva de Cejil, Viviana Krsticevic, afirmó que la condena de Fujimori "constituyó un paso determinante dentro y fuera de las fronteras del Perú en la lucha contra la impunidad”. “Si bien un indulto es potestad del Presidente de la República, existen límites en su aplicación. El gobierno no puede ceder ante presiones que desconocen las obligaciones nacionales e internacionales del Perú en esta materia”, dijo.

Estas organizaciones defensoras de derechos humanos dicen esperar que la decisión de PPK "se base exclusivamente en la necesidad" de que Fujimori "goce de un tratamiento compatible con sus condiciones de salud y según los procedimientos aplicables a toda persona privada de la libertad en el país".


(Foto de portada: Agencia Efe)


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