El enfrentamiento entre Patricia Donayre, coordinadora del Grupo de Trabajo de reforma electoral, y su bancada, Fuerza Popular, ha generado que el informe final de la labor multipartidaria que se llevó a cabo durante 10 meses pase a segundo plano, siendo la materia que toca un tema vital para la institucionalidad del país y el mejoramiento de la participación política en el Perú. 

El pasado 8 de mayo, la parlamentaria publicó en su página oficial de Facebook un mensaje informando a la ciudadanía sobre el término de las labores del citado grupo y resaltó los principales puntos de la propuesta expuesta en el texto sustitutorio: cuota de género del 50% más alternancia; la prohibición del financiamiento privado proveniente de aportantes anónimos y de empresas; la sanción del acoso político; el impedimento de participar como candidato a una persona con sentencia condenatoria de segunda instancia por delito doloso o esté bajo prisión preventiva; entre otros.

Sin embargo, todo parece indicar que la reforma electoral no verá la luz debido a la reticencia de la oposición mayoritaria del Parlamento (que incluyó un enfrentamiento entre Donayre y Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución). De hecho, Gustavo Mohme Seminario, director de La República, escribió este lunes 19 que Donayre, paradójicamente, había sido "víctima de las reglas que quería cambiar y de su persistencia por cumplir una oferta electoral que su grupo ha olvidado en pocos meses". Con ello lo que se vislumbra es la aprobación de "remaches a normas existente", es decir, ningún avance significativo a favor.  

Inclusión política

Lo propuesto por el Grupo de Trabajo para la reforma electoral no era perfecto. Algunas de sus propuestas fueron vistas como desfasadas, mantener por ejemplo el requisito de presentar, como mínimo, el 4% de firmas del padrón electoral para la inscripción de un partido político. Fernando Tuesta Soldevilla, por otro lado, consideró que el requerimiento de rúbricas debía eliminarse porque no era un requisito verificable y que, por lo demás, crea un mercado negro. 
Existen, no obstante, modificaciones de la reforma electoral que buscaban combatir problemáticas y empoderar a grupos de población marginados durante mucho tiempo de la vida política del país como las mujeres y los pueblos originarios.

Así, en el Capítulo III, se establece un mínimo del 50% de cuota de género, la alternancia para congresistas, consejeros regionales y regidores. En el caso de los pueblos originarios la situación es un tanto distinta y queda explicado en el artículo 73: 

"La cuota de pueblos originarios, que incluye las comunidades campesinas y nativas, será fijada por el JNE en atención a la información oficial brindada por el órgano técnico en la materia del Poder Ejecutivo, un (1) antes de la de las elecciones, bajo responsabilidad". 

Aunque no queda registrada una cifra fija, se recogía un pedido que los pueblos indígenas, a través de sus dirigentes, han expuesto: elegir como representantes políticos a miembros de sus propias etnias.

Financiamiento
El caso Odebrecht evidenció que la política peruana es vulnerable a ser financiada por empresas vinculadas a prácticas corruptas. Si a ello le agregamos las denuncias que evidencian el movimiento de dinero proveniente del narcotráfico, la minería o la tala ilegal, el panorama es delicado.
Del mismo modo no hay una adecuada fiscalización de los aportes legales de personas jurídicas y naturales. Por ello, el grupo de trabajo coordinado por Donayre propuso definir con mayor claridad las fuentes de financiamiento privado permitidas. Asimismo, se estableció que "los aportes procedentes de una misma persona natural no puedan exceder individualmente las 200 unidades impositivas tributarias". 

Con respecto a las fuentes prohibidas de financiamiento privado, destacan el impedimento de "personas jurídicas con fines de lucro" (léase empresas) de contribuir a los partidos políticos. Esta era una medida que apuntaba a evitar posibles lobbies y a establecer una mayor igualdad entre los competidores de una contienda electoral. 

Para tener en cuenta

-La reforma electoral, en su artículo 142 (letra I) prohíbe a los partidos políticos recibir financiamiento de personas investigadas o condenadas por los delitos relacionados con la administración pública y el narcotráfico. 

[Foto de portada: tomada de serperuano.com ]

Notas relacionadas en LaMula.pe: 
Patricia Donayre: "Si me van a expulsar por un debate ideológico, bienvenido sea"

Ana Vega, la asesora de la bancada de Fuerza Popular a la que llaman "la jefa"

Congresista Donayre: "A Miguel Torres le faltan pantalones" [VIDEO]