A estas alturas, nadie sabe con certeza, ni siquiera el Gobierno, cuál será el futuro del aeropuerto de Chinchero en Cusco. En medio de las marchas y contramarchas del Ejecutivo, que comenzaron a inicios del año, cuando el presidente Kuczynski, con pizarra y todo, afirmó que la adenda ‘saneaba’ los problemas generados por la adjudicación original del proyecto —en la gestión nacionalista—, ahora se pasó de la cancelación del contrato y a la suspensión del mismo.

El domingo 21 de mayo, un día antes de que renuncie al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) —y de que se conozca el informe de la Contraloría sobre este tema, que concluyó que la adenda beneficiaba al concesionario—, Martín Vizcarra anunció en televisión nacional que el contrato de concesión y la adenda quedaban "sin efecto". Kuntur Wasi, de inmediato, dijo que evaluaba las acciones legales pertinentes.

Al día siguiente, el mismo PPK, luego de aceptar la renuncia de Vizcarra al MTC, dijo que el aeropuerto de Chinchero "va adelante". Luego, el miércoles 24, el jefe del gabinete, Fernando Zavala, habló de los tres escenarios que maneja el Gobierno: la disolución unilateral del contrato, la rescisión de mutuo acuerdo y, por último, una renegociación.

Y esta semana, el reemplazante de Vizcarra en el MTC, Bruno Giuffra, anunció que la adenda ya no iba a quedar sin efecto como dijo su antecesor, sino que se iba a suspender  por tres meses. El Cusco, que había iniciado un paro regional por las idas y vendidas del Ejecutivo, le dio una tregua al Gobierno y suspendió hasta el 12 de junio su medida de fuerza.

Así, todo indica que el camino por el que transitará —otra vez— el Gobierno es la renegociación con Kuntur Wasi. ¿La razón? Anular el contrato como anunció Vizcarra es una jugada arriesgada y cara, según expertos, que puede terminar beneficiando a Kuntur Wasi. Incluso la indemnización que tendría que pagarse, sería mayor a los US$40.6 millones de supuesto perjuicio económico que le generaría al Estado la adenda tal como está, según el informe de la Contraloría.

"Si se rescinde la adenda y el contrato como había dicho Vizcarra, se van directo al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) a perder, porque es un contrato ley suscrito por el Estado", dijo el economista Pablo Secada.

En este eventual escenario, el Estado tendría que indemnizar el daño emergente —o sea, los costos en los que el concesionario ya ha incurrido— y también el lucro cesante, que es la expectativa de ganancia que tenía el concesionario.

Hasta hace unos meses la inversión que Kuntur Wasi ya hizo en el proyecto supera los US$32 millones, según Semana Económica. Haciendo cálculos, el monto de la indemnización por el daño emergente superaría esa cantidad que, sumada a los US$8,6 millones de la garantía de fiel cumplimiento, alcanzaría un monto cercano a los US$40,6 millones de supuesto perjuicio económico advertidos por Contraloría. Esto sin contar el lucro cesante.

CAOS POLÍTICO

Pero para Secada el problema para el Gobierno no es solo sería económico, sino también político. "Si tú sabes que te tildan de lobbista y que hay un contrato polémico como Chinchero, lo ideal sería asesorarse muy bien desde el comienzo", dijo, citado por El Comercio.

El analista Eduardo Dargent sostiene que en este tema el Ejecutivo cometió "una gran descoordinación en un tema tan políticamente sensible". "Lo que hay son contradicciones e idas y venidas y nadie entiende bien lo que está pasando", refirió.

Esta confusión —anotó— es la que aprovecha la oposición —léase, fujimorismo— para golpear al Ejecutivo. "El Gobierno, que tiene que construir una imagen de ser menos empresarial, termina metiéndose en estos temas de tal manera que se ve perjudicado", subrayó.

La congresista del Frente Amplio Marisa Glave también dijo que el anuncio de la "suspensión" del ministro Giuffra causa confusión. "Me parece extraño, porque que ahora esté en duda la idoneidad del contralor (Edgar Alarcón), no quiere decir que no haya quedado absolutamente claro que esa adenda trastocaba un contrato, volvía a lo que es en realidad una obra pública, un remedo de APP (asociación público privada)", dijo en TV Perú.

En ese sentido, sostuvo que Kuntur Wasi ha incumplido desde el principio las condiciones del contrato original y que a partir de ese argumento, el Gobierno debe negociar una salida con la empresa, para que el proyecto se ejecute como una obra pública.

En el mismo sentido se había pronunciado el legislador acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde. "¿Para qué renunció Martín Vizcarra si el Gobierno va a seguir con lo mismo? El vicepresidente renunció absurdamente si la adenda va a seguir como si nada hubiera pasado", dijo a El Comercio.

"Acá el señor Bruno Giuffra está sufriendo las presiones que tuvo el señor Martín Vizcarra o incluso mayores, de parte de intereses muy grandes que buscan beneficiarse con el Estado".

¿En qué acabará este culebrón? Nadie lo sabe. Al menos por ahora. Pero por lo pronto ya hay voces el Congreso que piden interpelar por el tema de Chinchero al ministro Giuffra, quien todavía ni siquiera se termina de acomodar bien en el MTC.

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