En su primera entrevista como viceministro de Gobernanza, el abogado Javier Fernández-Concha sorprendió con su particular definición de "conflicto social".

"[...] para nosotros la tensión o el indicio inicial no es un conflicto. El conflicto se da cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico. Allí la posibilidad de conversar ya no existe, esa es la parte más álgida de la crisis", dijo a El Comercio en abril pasado.

Además, señaló los casos en los que se usará el diálogo: 

"[...] el diálogo no se va a instalar cuando haya violación del orden jurídico porque eso no es diálogo. Se instalará cuando haya una situación de conflictividad que no ha llegado a violación del orden jurídico".

Es aquí donde el viceministro Gobernanza parecía dar vueltas en círculos porque: ¿si un conflicto social es cuando se rompe el orden jurídico y cuando se rompe el orden jurídico no se dialoga? ¿Qué hará el Estado en un conflicto? 

"Hay varias formas. Una es el mecanismo de conversar y de llegar a bases sociales distintas a una mesa de diálogo", agregó el viceministro. 

Además, Fernández-Concha sorprendió también con su estimación de la cantidad de conflictos sociales en el país.

"Internamente hemos determinado que en el país existen 5 conflictos sociales y no los 217 que dice la Defensoría del Pueblo", afirmó.

Ahora, en una entrevista a Perú21, el viceministro de Gobernanza nos dio una nueva explicación. Para Fernández-Concha, el conflicto social "no es solo violencia, es un proceso que se puede iniciar con una carta o una manifestación". Además, el viceministro señaló que la violencia "es la crisis; entonces el conflicto social es bueno" porque "significa que la sociedad se está transformando, pero también que los sistemas sociales no están atendiendo a la nueva estructura social".

Como ejemplo de conflicto con violencia, el abogado citó situaciones en las que se va "contra de la ley y el orden público, no dejan ingresar, tienen capturadas personas, instalaciones".

Según el exgerente general de la empresa minera canadiense Sulliden Shahuindo:

 "El Perú ha tenido eso porque tiene un desarrollo económico muy fuerte. Eso ha generado un impacto en la economía local y eso ha generado conflictividad".

Actualmente, existen en el Perú cinco conflictos sociales en fase de crisis o violencia, según el viceministro de Gobernanza. Estos son: Lote 192, Maypuco, Afrodita, Majes Siguas y el bosque Altomayo. "En ellos, hay un grado de violencia", señaló Fernández-Concha.

En LaMula.pe, te explicamos de qué trata cada uno de estos casos:

- Lote 192

En la provincia de Datem del Marañón en Loreto, se ubica el lote petrolero 192, por el cual las comunidades nativas de la zona reclaman a la empresa Pacific Stratus que pague un millón de soles por el uso de sus tierras comunales. Lo último que ocurrió en este conflicto es que 600 nativos tomaron las instalaciones del lote como medida de protesta.

- Maypuco

En el distrito de Urarinas, región Loreto; un grupo de dirigentes indígenas del centro poblado de Maypuco reclaman puestos de trabajo y el pago de una indemnización a la empresa estatal Petroperú y a la privada Kanay. Según el gobierno, las labores de remediación, ante daños provocados por terceros, han estado llevándose a cabo por la empresa peruano-francesa Kanay Seché Group. Los manifestantes pararon las operaciones de la empresa y el viceministro de Gobernanza ha pedido a los dirigentes indígenas que respeten la ley y no usen la violencia.

- Afrodita

En el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui en la región Amazonas, comunidades nativas piden que el Estado implemente el derecho a la consulta previa por el proyecto de la Compañía Minera Afrodita. Mientras la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa (Odecofroc) se opone a la actividad extractiva, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de Alto Comainas (Odecoac) acepta la actividad de la empresa minera.

- Majes Siguas II

En la región Arequipa, organizaciones sociales de la provincia de Caylloma reclaman compensación económica por el supuesto impacto negativo que traerá el proyecto Majes Siguas II. "Exigen el 30% de las 38 500 hectáreas de terreno en Majes - Siguas a irrigarse con el agua almacenada de la futura represa de Angostura", informó el diario La República. Además, piden un fondo minero, al que aportarán las empresas mineras que operan en la región. Por ello, el último lunes, la provincia de Caylloma acató un paro de 24 horas.

El último miércoles, el congresista de PPK, Sergio Dávila, pidió la instalación de una mesa de diálogo en Caylloma. “La mesa de diálogo permitirá a los pobladores de Caylloma exponer su problemática a los representantes del gobierno y encontrar una rápida solución a sus reclamos como una herramienta efectiva de prevención de conflictos”, dijo el parlamentario, según cita la Agencia Andina.

- Bosque Altomayo

Desde fines del 2016, una zona del Bosque de Alto Mayo, ubicado en la región San Martín, está ocupado por un grupo de ronderos y personas ligadas a la tala ilegal. Este bosque tiene una extensión de 182 mil hectáreas y está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El último miércoles, el gobernador regional de San Martín, Víctor Noriega Reátegui, denunció que incluso los guardabosques no pueden ingresar a este territorio. En una entrevista a El Comercio, informó que ha pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) "que se restablezca el principio de autoridad".

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