Colombia se encuentra sumida en situación complicada y preocupante por su sistema de protección a menores, mientras que la ciudadanía cuestiona la impunidad para la mayoría de abusadores. Según cifras oficiales, cada 120 minutos se alerta de un hecho de abuso sexual en este país. En siete de cada diez casos las víctimas son niños. El coronel Henry Cruz, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia, asegura que en el 80% de las denuncias, el agresor es una persona cercana.
Entre enero y febrero de este año, los investigadores de esa dependencia policial recibieron 2.600 procesos por violencia sexual contra menores. En el Instituto de Medicina Legal habían recibido atención por aparente violación 4.315 menores de 17 años en el primer trimestre de lo que va del año.
El mayor número de casos se presenta en niñas y niños de entre los 10 y los 14 años. Le siguen los que están entre cinco y nueve. Lo más alarmante es que casi 500 niños, desde recién nacidos hasta los cuatro años, tuvieron que ser sometidos a exámenes médicos por presunto delito sexual.
La Fiscalía pudo corroborar que los principales responsables son personas allegadas a las víctimas (primos, tíos, amigos). Más grave aún es que la mayoría de victimarios son también menores de edad a los que solo se puede dar una pena máxima de ocho años aplicada únicamente para el delito de homicidio.
En Colombia, la pena máxima para estos delitos es de 60 años de cárcel, pero cade vez son más las voces que piden que se aprueba la cadena perpetua contra los agresores de menores. “Hechos tan aberrantes no pueden quedar impunes. Hoy, más que nunca, ratifico mi propuesta de cadena perpetua para los abusadores de niños”, dijo la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas.
La impunidad reina en Colombia. Un ejemplo de ello es caso del hombre señalado de degollar a una niña de 15 años que fue dejado en libertad. El juez consideró que al no haber sido capturado en flagrancia no podía permanecer retenido. Esto, a pesar de que, como lo dijo la Policía, encontraron en su cuerpo rastros de sangre y la piel lastimada, como consecuencia de un forcejeo con la víctima.
Durante el 2016, el Instituto de Medicina Legal atendió 17.908 casos de menores remitidos por denuncias de presunto abuso sexual. Asimismo, Plazas reveló que en ese año abrieron 46.000 procesos de restablecimiento de derechos. De estos, 11.000 son casos de violencia sexual y 11.000 por maltrato a menores.
Imagen de cabecera: EFE
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